Nacional

Malestar general por reparto de ayuda a víctimas en Morelos

Las dificultades y la lentitud que ha habido para la entrega de apoyo tras el temblor del pasado martes han generado críticas contra el mandatario estatal, Graco Ramírez, desde la sociedad civil, la iglesia, la universidad...
Héctor Gutiérrez 
24 septiembre 2017 21:35 Última actualización 25 septiembre 2017 7:48
Graco Ramírez y Elena Cepeda

(Archivo/Cuartoscuro)

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa, Elena Cepeda, son acusados de lucrar con el apoyo que ha llegado a la entidad tras el sismo, pues las autoridades estatales retienen toda la ayuda y la trasladan a las bodegas del DIF, donde es reempaquetada en cajas de esa dependencia.

Esa acción ha sumado condenas no sólo de la población, sino de la Iglesia católica y de la universidad estatal. La Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPAFE) inició una carpeta de investigación en contra del mandatario, precisamente por retener y condicionar la ayuda social.

Además, mediante la página electrónica Citizen Go miles de personas firmaron la petición “¡no robe la ayuda para los afectados por el terremoto!”, mientras que mediante Change.org también miles de personas han firmado una solicitud de juicio político en contra del gobernador.

La FEPADE indicó que la indagatoria se inició de oficio, luego de las denuncias de la ciudadanía en el sentido de que la autoridad estaba secuestrando tráileres, camionetas y hasta aviones que transportaban ayuda para damnificados desde varios puntos del país.

Y es que, de acuerdo con testimonios de testigos, la noche del jueves elementos de la Policía Estatal detuvieron la marcha de estos vehículos, obligándolos a trasladar su carga a las bodegas del DIF estatal, donde fueron reempaquetadas en cajas del propio DIF.

Lo mismo sucedió con dos aviones que aterrizaron en el aeropuerto del estado, que también transportaban ayuda que fue gestionada por el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y que de igual forma su carga fue retenida por personal del DIF y finalmente trasladada a las mismas bodegas, donde fue reempaquetada.

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, denunció que “tres camiones con ayuda que estaba destinada al seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF, lo que es totalmente injusto y sobrepasa cualquier lógica moral mínima”.

En entrevista con El Financiero, Ignacio Marín Rodríguez, chofer de un tráiler procedente de Michoacán, dijo que “al momento de llegar a Cuernavaca fuimos interceptados por la policía, que nos llevó a una oficina. Ahí les explicamos que nuestra intención era entregar la ayuda directamente a las comunidades, pero no nos dejaron”.

Aseguró que “la esposa del gobernador –Elena Cepeda–, nos dijo que teníamos que meter todo a unas bodegas y nosotros nos opusimos a que se hiciera, pero al final no pudimos impedirlo”.

Sobre este hecho, Elena Cepeda, directora del DIF-Morelos, subió un mensaje a redes sociales: “Qué lástima que pueda más la opinión de un grupo, de un partido político. Gracias a esos comentarios están saqueando bodegas del DIF”.

Este lunes, en Radio Fórmula aseguró que la ayuda que se recibe de empresas y diversas entidades se está registrando y que en las bodegas solo se clasifica y se pone en bolsas transparentes, sin etiquetarla y se está llevando a las personas afectadas, proceso en el que está participando la población civil. 

Cepeda señaló que a pesar de que la información difundida, "la gente sigue confiando en nosotros" para hacerles llegar la ayuda.

Alejandro Vera, rector de la UAEM, señaló que “ante la emergencia, el gobierno de Graco Ramírez está totalmente rebasado, ha quedado de manifiesto su absoluta incapacidad ante una emergencia de esta naturaleza, pero sobre todo han quedado a la vista sus intenciones de lucrar con el dolor ajeno”.

Ayer, el gobernador aseguró que su gobierno no tiene “nada qué ocultar, hemos actuado con transparencia en el proceso de recepción y entrega de apoyos. La ayuda está llegando en en 43 centros y albergues, en los 33 municipios”.

Negó que las fuerzas estatales estén “deteniendo transportes en ningún lado del estado, es una campaña de desinformación”.

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