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Juez condena a 31 años de prisión a militar acusado de desaparición forzada

El juzgador estimó que quedó acreditado por la PGR que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por un subteniente de infantería del Ejército Mexicano que está en la prisión militar ubicada en el Campo Número 1 de la ciudad de México.
David Saúl Vela
18 agosto 2015 12:47 Última actualización 18 agosto 2015 12:48
Escuela Militar de Infantería. (Cuartoscuro/Archivo)

Ejército Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO. Un juez federal sentenció a 31 años de prisión a un subteniente de infantería del Ejército Mexicano, tras acreditar su responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada.

Dicho ilícito se cometió en agravio de una persona que fue detenida el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y que a la fecha continúa en calidad de no localizada.

Eustacio Esteban Salinas, Juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, fue quien resolvió dicho asunto, inscrito en la causa penal 104/2013.

El juzgador estimó que quedó plenamente acreditado por la PGR que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por el subteniente de infantería del Ejército Mexicano quien fue detenido y actualmente se encuentra en la prisión militar ubicada en el Campo Número 1 de la ciudad de México.

Además de la pena privativa de la libertad, el militar fue destituido de su cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses.

El juez Salinas explicó que basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito.

Además, ponderó el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a la delincuencia organizada.

La resolución señala que “conductas aisladas y lamentables como lo es este caso”, son contrarias al espíritu de la delicada tarea de protección y salvaguarda del Estado y de sus habitantes, por parte del Ejército Mexicano.

Añade que esta resolución se sustenta en la obligación constitucional del juez federal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia; así como las relativas a la prevención, sanción y reparación de las violaciones a éstos.