Nacional

Guerrero guardó ley que resolvería caso Ayotzinapa

En Guerrero existe desde 2005 una ley única a nivel nacional que sanciona la desaparición forzada; especialistas dicen que, de aplicarse, se hubieran ahorrado costos políticos.
Jafet Tirado/ David Saúl Vela
26 marzo 2015 0:0 Última actualización 26 marzo 2015 5:0
Al final se intentó echar a volar los papalotes, pero un exceso de gente lo impidió. Pese a ser una muestra dedicada a Ayotzinapa, el tema principal fue Carmen Aristegui.

Hoy se cumplen 6 meses del caso Iguala. (Cusartoscuro)


CIUDAD DE MÉXICO.- En Guerrero existe desde 2005 una ley para sancionar la desaparición forzada, única a nivel nacional, que permite investigar el caso Ayotzinapa de manera expedita, sancionar a todos los culpables, ya sea por acción o por omisión, incluidos funcionarios de alto nivel del gobierno estatal y no se contrapone con la investigación federal de delincuencia organizada.

El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, explicó a El Financiero que la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, que no fue utilizada por las autoridades, era completamente adecuada para analizar la desaparición de los 43 normalistas y evitar los fuertes costos que ha tenido.

“Hubo un manejo equivocado del caso y fue erróneo no haber utilizado un instrumento jurídico tan eficiente como esta ley en el caso Iguala.

Era muy clara en su aplicación: porque define el delito de desaparición forzada ya sea cometido por una autoridad, como en este caso que estaría representada por los policías, o por civiles ya que también participó un grupo de narcos de Guerreros Unidos.

De haber sido acusados por desaparición forzada, hubiera sido más ágil la detención de funcionarios de alto nivel en el estado; ya que pueden ser consignados todos aquellos que “participaron en el hecho, e incluso los que cometieron omisión, que al final contribuyeron al mismo resultado”.

Incluso, aclaró, en la investigación pudieron colaborar tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Fiscalía General del Estado de Guerrero. El juez podía turnar a la primera de las dependencias los delitos de orden federal y a la segunda, la de desaparición forzada.

En el documento publicado en octubre de 2005, se mencionan penas de veinte a cuarenta años a quien cometa el delito de desaparición forzada, así como su inhabilitación para cualquier cargo mientras dure su pena.

En caso de que al cometer el delito, la víctima muera, haya sido torturada, violentada sexualmente, o se intentara ocultar el cadáver, la pena será de treinta a cincuenta años. Además, contempla sanciones de ocho a diez años a la persona “que incite a otro a la comisión del delito desaparición forzada”.

Morales Lechuga señaló que la PGR prefirió tipificar el delito como delincuencia organizada y homicidio, en lugar de desaparición forzada, y ese fue un camino más complicado, largo y difícil de probar.

Injustamente el conflicto fue directo contra el presidente, cuando este correspondía al gobernador de Guerrero. La gente está confundida y cree que es culpa del gobierno federal

Gilberto Santa Rita, catedrático de la Universidad Iberoamericana, calificó la ley número 569, como un texto que “se apega a los requerimientos internacionales y brinda los elementos necesarios para poder llevar a cabo una investigación en la materia, de la misma forma en la que lo hacen con las normas federales”, sin embargo, agregó:

“El nivel de desconfianza que tenían los guerrerenses y el gobierno federal en los funcionarios, provocó que lo atrajera la PGR”.

Santa Rita afirmó que con esta norma se hubieran disminuido los costos políticos, sociales y hasta económicos que ha tenido el caso. Pero la adopción de este por las autoridades federales puso en evidencia que, incluso la PGR, carecía de la infraestructura y especialistas para estudiar los presuntos restos de los normalistas.

Francisco Venegas Trejo, profesor decano en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que la aplicación de la ley de desaparición forzada para Guerrero no sólo pudo prevenir un caso tan ominoso como la agresión a los normalistas, sino también ahorrarle muchas críticas al Estado mexicano. “Una de éstas críticas es que en México hay demasiadas leyes y no se les da cumplimiento, lo cual equivale a que no existan, y en efecto para tener un verdadero Estado de Derecho debemos cumplir las leyes y no únicamente presumirlas.

En México tenemos la mala costumbre de hacer leyes y luego guardarlas en el cajón como es el caso de ésta ley de Guerrero”, agregó.
Para Morales Lechuga aún es posible que el caso Iguala cambie su rumbo y se analice con la ley de desapariciones forzadas; ya que los delitos no han sido prescritos y el juez encargado puede reclasificarlos.

“El estado de guerrero puede retomar la ley, inclusive la PGR, porque la competencia no es ministerial, o fiscal, sino judicial, lo que quiere decir que son los jueces los que deben identificar la competencia y se puede pedir la reclasificación de los delitos”.

Todas las notas NACIONAL
PGJ Michoacán investiga a policías por homicidio del exalcalde de Sahuayo
Arranca 'caravana por la transparencia'
Sinaloa tendrá nueva base militar para 3 mil 500 policías
INAI elige a Solagne Maqueo como presidenta del Consejo Consultivo
Ponen fecha a los informes de alcaldes de Querétaro
Estados de la zona centro preparan un corredor turístico
Federación hace sinergia con San Luis Potosí en rendición de cuentas
Tráiler arrolla a cuatro automóviles en el Periférico
Mi caso, para tapar lo de Odebrecht, afirma el millonario de Morena
Nuevo mensaje del Verde al PRI: 'podemos solos'
Prometieron en 2008 aumento a 'polis'; hoy 45% aún gana 2 mil 700 pesos
PGR cita a comparecer a Emilio Lozoya este jueves por caso Odebrecht
Lozoya 'dio la cara' ante PGR desde mayo: abogado
Explosión en Tultepec deja al menos dos muertos
Para 2018, el INE dará más de $6 mil millones
Aumentan armas en 400% en Sinaloa entre la delincuencia, este año
Puebla investiga propiedades de 'El Tío' asegura Antonio Gali
Presenta PAN queja ante la CNDH por actos autoritarios en Coahuila
SLP tendrá el respaldo de la Federación para combatir la delincuencia: Osorio Chong
SRE lanza convocatoria de becas en Filadelfia
Apagan bomberos incendio en bodega en Coyoacán, sin lesionados
Sindicatos, reprobados en cumplir con sus obligaciones de transparencia
Juez ordena a fiscalía revisar posibles negligencias en caso Tlatlaya
Enfrentamientos en Tamaulipas deja 6 muertos y 6 lesionados
'Un Cuarto Más' trabaja para reconstruir Guerrero