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Guerrero agilizará investigaciones por afectaciones a KOF

Durante una reunión efectuada entre directivos de Coca-Cola FEMSA y el procurador de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el funcionario estatal se comprometió a agilizar las averiguaciones previas presentadas por la refresquera por la afectación a sus instalaciones y vehículos. 

El Fiscal General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, reconoció el impacto de la inseguridad en las operaciones de FEMSA, que ha venido sufriendo la empresa en los últimos meses.

Lo anterior se deriva de una reunión, que se llevó a cabo hace unos días de manera privada, en Acapulco, entre el funcionario con Maximiliano Reyes Zúñiga, gerente de Asuntos Corporativos de Holding Operaciones México de FEMSA y Jaime Rocher, gerente de Protección Patrimonial México de la misma compañía.

"Ante la situación de inseguridad que se viven en algunas regiones del estado donde se cometen ilícitos contra los trabajadores de dicha empresa, los ejecutivos resaltaron el interés real del funcionario al darles una atención personal y establecer compromisos de dar celeridad a las averiguaciones previas que existen por diversos delitos", señaló la dependencia.

Godínez Muñoz se comprometió a mantener una línea de comunicación directa con la empresa para atender de forma inmediata las denuncias por hechos delictivos, "en cualquier caso y también con otras empresas que brindan fuentes de empleo a los habitantes de esta entidad".

La empresa con sede en Monterrey cerró de manera definitiva el mes pasado su centro de distribución en el municipio de Arcelia, en este Estado, luego de que tanto su personal, infraestructura y vehículos fueran víctimas de hechos violentos.

Hace un año, la empresa embotelladora de refrescos Coca-Cola (KOF) sufrió el incendio intencional de cuatro camiones repartidores en este municipio, presuntamente a manos de integrantes de la delincuencia organizada.

De esta forma KOF cerró de manera temporal su centro de distribución, sin embargo posteriormente la propia empresa decidió dejar la operación de manera definitiva.

En esa ocasión la empresa informó que "el 20 de mayo se suspendieron definitivamente las labores del Centro de Distribución en Arcelia, con base en la evaluación final de la operación de acuerdo con las condiciones del entorno. Por esta razón fueron desincorporadas 47 personas según lo estipula la ley".

En su reporte anual que la empresa envía a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que presentó durante el primer trimestre de 2015, la compañía menciona en su apartado de factores de riesgo que "la inseguridad en México podría incrementarse y esto podría afectar negativamente nuestros resultados. La presencia de la violencia entre los cárteles de la droga, y entre éstos y las fuerzas armadas al aplicar la ley pueden representar un riesgo para nuestro negocio".

Agrega que los incidentes "se concentran relativamente tanto a lo largo de la frontera norte de México, como en otros estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero".

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