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Gobernador de Guerrero dio amnistía a nueve secuestradores

Rogelio Ortega, gobernador de Guerrero, prometió preliberación para Nestora Salgado y otros 13 guerrilleros; aseguró que beneficiar a presos por manifestaciones y protestas es el objetivo.
Enrique Villagómez/Corresponsal
04 octubre 2015 21:56 Última actualización 05 octubre 2015 5:0
Algunos de los presos a los que Rogelio Ortega, gobernador de Guerrero, preliberó el pasado 15 de septiembre. (Quadratin)

Algunos de los presos a los que Rogelio Ortega, gobernador de Guerrero, preliberó el pasado 15 de septiembre. (Quadratin)

ACAPULCO.- Aún no se aprueba la ley de amnistía que envió al Congreso local desde la legislatura pasada, pero Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero, otorgó el beneficio de preliberación “por buena conducta” a nueve reos –algunos de ellos vinculados con grupos guerrilleros- que se encontraban purgando condenas de entre 30 y 40 años en cárceles del estado por secuestro y homicidio.

Entre los liberados el pasado 15 de septiembre está Ismael Padilla Nava, quien fue sentenciado a 35 años de prisión en julio de 2004, acusado de secuestrar a Raúl Astudillo García, tío del actual gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Otro fue Tomás de Jesús Barranco, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), y de ser responsable de atacar la comandancia de la Policía Judicial en Chilpancingo. Cumplía una condena de 40 años de prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de Silvio González Miranda y Joel Juvenal Narciso Cruz Miranda.

También Francisco Cristino Crescencio, sobreviviente de la masacre de El Charco en 1998, y quien fue sentenciado a 40 años por homicidio calificado y lesiones, además de estar vinculado con el ERPI.

Los que también alcanzaron la liberación anticipada fueron los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Miguel Espinoza Catalán y Raúl Manzanares Navarrete, además de María Elena Mesino Parra, Amadeo Ocampo Ríos, José Antonio Morales y Zeferino Morales, estos últimos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

El pasado 4 de junio, Rogelio Ortega envío a la 60 Legislatura local una iniciativa de ley de amnistía con el objeto de generar las condiciones jurídicas para beneficio de quienes estén sujetos a procesos penales por participar en movilizaciones y protestas vinculadas con el reclamo de demandas sociales.

Ortega se comprometió públicamente a dejar en libertad a Néstora Salgado García, comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Ciudadana (CRAC-PC), quien fue detenida el 21 de agosto del 2013 acusada de al menos 50 secuestros.

También a Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, coordinadores de las Casas de Justicia de la CRAC-PC, quienes fueron detenidos junto con otros 13 policías comunitarios por instrucciones directas del exgobernador Ángel Aguirre Rivero y el apoyo del gobierno federal, por defender el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la seguridad y la justicia amparados en la Ley 701.

De acuerdo con diversas organizaciones sociales, actualmente existen alrededor de 50 personas consideradas presos políticos, los cuales técnicamente podrían beneficiarse con la eventual aprobación de la Ley de Amnistía que envió el gobernador Ortega Martínez, ubicándose entre ellos a Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Ángel García García, Benito Mora Justo, Florentino García Castro, Samuel Ramírez Gálvez, que son parte de los 13 policías comunitarios detenidos durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Otros que podrían acogerse a esa ley, son activistas sobre quienes pesan órdenes de aprehensión por sus actividades políticas, por su lucha en favor de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por su participación en la promoción y organización de los grupos de autodefensa que se han propagado en diversas regiones del estado.

Algunos de ellos son María de la Cruz Dorantes Zamora, Erasto Hurtado Arias, Ismael Padilla Nava, y los ecologistas de Petatlán Gerardo Palemón y Rodolfo Cabrera González, todos ellos recluidos en el Centro de Readaptación Social de Acapulco.

También podrían beneficiarse Tomás de Jesús Barranco, Margarito Santana Bahena, Claudio Marcos Zarcos Higuera y Alejandro Herculano Santana, quienes purgan condenas por diversos delitos además de ser señalados de pertenecer a grupos guerrilleros que operan en la clandestinidad. Lo mismo sucede con los activistas Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lezma y Javier Ruiz Córdova, actualmente presos en el penal de Tecpan de Galeana, además de los policías comunitarios de El Paraíso, de Antonio García Albina y Gildardo Díaz Pérez, presos en la cárcel de Ayutla de los Libres.

Finalmente, otros “luchadores sociales”, como los llama el gobernador, que podrían acogerse a la ley de amnistía promovida por el gobierno de Guerrero, son Bernardo Salinas Merino, detenido en Ometepec, así como Guadalupe Hernández Arizmendi y Jorge Astudillo Martínez, acusados de terrorismo y actualmente presos en penal del Altiplano en el Estado de México, además de Anselmo Torres Quiroz, Huber Vega Coria y Merced Islas Castro, que purgan condena en las islas Marías.

Sin embargo, la iniciativa de Ley de Amnistía que no fue aprobada por la pasada legislatura local, tampoco ha sido tomada en cuenta por los nuevos diputados, quienes a casi un mes de haber asumido funciones como integrantes del congreso guerrerense han desahogado otros asuntos de mayor importancia para ellos.

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