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Expertos llaman a acabar con acaparadores de vivienda de interés social

Durante un foro en la ALDF, expertos llamaron a modificar la Norma 26 para establecer candados y evitar que los dueños originales vendan una vivienda de interés social en tres meses y a un precio mayor al que lo compraron.
Felipe Rodea
29 marzo 2016 13:49 Última actualización 29 marzo 2016 13:49
Imagen genérica viviendas.

Imagen genérica viviendas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos llamaron a modificar la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para impedir que personas compran a través de créditos, viviendas de interés social para luego revenderlas a un costo mayor.

Durante la mesa de análisis de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Vivienda de la ALDF, se advirtió que urge reformar la Norma 26, que regularía los créditos que otorgan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

De esta forma, se aplicarían candados para evitar que los dueños originales vendan el inmueble en tres meses y a un precio mayor al que lo compraron.

Griselda Martínez Vázquez, directora general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, agregó que hay que fortalecer el espíritu de la Norma 26 para hacer que los beneficiarios sean realmente las personas de escasos recursos que logran acceden a créditos y que no se dé la especulación en la compra-venta de vivienda de interés social.

Explicó que en la Ciudad de México este tipo de vivienda fluctúa entre los 600 y 800 mil pesos, y que, tras ser revendida, se llega a cotizar hasta en 1.5 millones de pesos.

Propuso un plazo de diez años para que el dueño original la pueda vender, ya que las hipotecas que otorgan instituciones como Infonavit Y FOVISSSTE son hasta por 30 años.

En su opinión, hay que modificar la Ley de Vivienda y normar el valor del uso de suelo, lo que corresponde a las autoridades y a la Asamblea Legislativa.

Por su parte, Omar Jiménez Cuenca, coordinador jurídico del Invea, propuso aplicar un candado para evitar que los compradores de una vivienda de interés social no la puedan vender hasta después de tres años de adquirida. Con esto, se impediría que los desarrolladores inmobiliarios la acaparen y revendan hasta en el doble de su precio original.