CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta que el presidente Enrique Peña Nieto hizo ante la ONU de elevar la cantidad de droga permitida para uso personal y así evitar la criminalización de los consumidores, podría beneficiar a miles de personas que hoy están en prisión o enfrentan procesos penales por consumo y posesión simple.
El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, integrado por investigadores de diversos países de América, publicó a finales del año pasado el estudio "La Regularización de la Posesión y la Criminalización de los Consumidores de Drogas en América Latina", en el que estima que en México, entre 2009 y 2013 fueron detenidas a nivel federal 140 mil 860 personas por consumo y posesión simple de drogas.
Miles de estas personas con una reforma como la propuesta por el presidente Peña Nieto no hubieran sido aprehendidas, encarceladas y sometidas a proceso penal.
El documento advierte que la Procuraduría General de la República abrió 87 mil 746 averiguaciones previas por el delito de por posesión simple de droga y 52 mil 074 fueron abiertas por consumo de droga. La elaboración estuvo al cargo de académicos e integrantes de instituciones como WOLA, de Estados Unidos; CIDE, de México; Universidad de Río de Janeiro, Brasil; Dejusticia, de Colombia; CIDDH, de Perú, y la tesis central es la no criminalización de la posesión de droga para consumo personal.
Precisa que a pesar de existir un fuerte consenso a nivel internacional respecto a que el consumo de drogas no es un asunto de índole penal, sino de salud, las respuestas de los Estados latinoamericanos frente al consumo de sustancias de uso ilícito continúan siendo punitivas y represivas.
Señala la paradoja que representa el hecho de que en los países de América Latina no esté tipificado el consumo de droga como delito, pero sí lo está la posesión, lo que "inevitablemente" genera la criminalización del consumidor.
Asimismo reprueba la aplicación de umbrales máximos de posesión para no ser sujeto de la ley penal. Pues como en el caso de México es suficiente con poseer una cantidad superior a la permitida (5 g de mariguana, 500 mg de cocaína o 50 mg de heroína) para ser acusado de posesión con fin de venta o narcomenudeo.