CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que elementos de la Policía Federal "ejecutaron arbitrariamente" a 22 de 42 integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), muertos en enfrentamiento, el 22 de mayo de 2015, en el Rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán.
En su investigación, de 31 tomos, el organismo dijo que también se acreditó otras violaciones graves a derechos humanos atribuibles a agentes federales y no graves del personal de la Procuraduría de Michoacán.
Dijo que la autoridad federal violó el derecho a la vida, por el uso excesivo de la fuerza que provocó la ejecución arbitraria de 22 civiles y la muerte de cuatro más; y violó el derecho a la integridad, legalidad y seguridad jurídica, al torturar a dos detenidos.
También se documentó el trato cruel e inhumano a una persona; y la violación al derecho al acceso a la justicia y a la verdad, por la "falsedad" detectada en los informes de la Policía Federal.
Al presentar el resultado de esta investigación, que derivó en la recomendación 4VG/2016, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González, reconoció que en el enfrentamiento murió un elemento de la Policía Federal, pero acusó que los mismos agentes quemaron viva a una persona y a dos más las calcinaron ya fallecidas.
Dijo que se acreditó un uso excesivo de la fuerza, pues tan solo de un helicóptero se hicieron más de 4 mil disparos contra una cabaña en la que se encontraba una persona que falleció por el ataque. Señaló que al menos a dos fallecidos se les obligó, previo a su muerte, a observar la ejecución de tres de sus compañeros.
Asimismo, informó que la investigación revela que siete cuerpos fueron manipulados y movidos del lugar donde fallecieron y que se "sembraron" armas de fuego que al final se asociaron con 16 cadáveres, y otra arma fue sustituida.
"Las violaciones a derechos humanos que se acreditaron, no sólo implicaron actuaciones en contra de la Ley que se tradujeron en la pérdida de vidas humanas y en la afectación a la integridad física y mental de las personas.
"(También) se verificaron conductas que dificultan que en el presente asunto haya un efectivo acceso a la justicia y se pueda llegar plenamente a la verdad", dijo el funcionario en conferencia.
Sobre la actuación de la Procuraduría de Michoacán, señaló que hubo irregularidades en los estudios de necropsia a los cuerpos, que fueron tratados indignamente, pues en todo momento estuvieron en el piso, sobre aserrín y con hielos.
Aseguró que el debido cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos de las personas no es una "facultad potestativa" de la autoridad, sino una obligación.
Por ello, pidió un castigo a los servidores públicos que sean encontrados culpables de la violación grave de los derechos humanos y de aquellos que incumplieron las normas que rigen su actuación.
Señaló que se tienen identificados plenamente a los 100 agentes federales que participaron en el operativo, 41 que llegaron al inicio del operativo y 59 más que llegaron de refuerzo, cinco de ellos en el helicóptero artillado.
Entre las recomendaciones que hizo la CNDH a la Comisión Nacional de Seguridad, están el colaborar en las indagatorias para fincar responsabilidad contra los elementos involucrados e iniciar el proceso de reparación del daño a familiares de las víctimas.