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En México existe campaña de desprestigio por trabajo de GIEI: CIDH

La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación iniciada contra Emilio Álvarez Icaza por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI. 
Mariana León
29 marzo 2016 18:0 Última actualización 29 marzo 2016 18:3
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, puso una denuncia penal por fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza con relación al caso Iguala. (Cuartoscuro)

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, puso una denuncia penal por fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza con relación al caso Iguala. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que en México existe una campaña de desprestigio en contra de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y rechazó la averiguación previa iniciada en contra de Emilio Álvarez Icaza por presunto fraude.

A través de un comunicado dijo que “la CIDH rechaza en forma contundente la averiguación iniciada contra el secretario ejecutivo por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de descalificación”.

El 15 de marzo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización dirigida por José Antonio Ortega; presentó una denuncia penal por fraude en contra de Álvarez Icaza, por haber avalado a cada uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario que investiga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Según dio a conocer la Comisión Interamericana “Emilio Alvarez Icaza, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Conforme a las reglas la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”.

La CIDH expresó su “consternación” y consideró inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito. “Resulta temeraria e infundada”, expresó.

Recordó que la propuesta de formar un grupo de expertos autónomo surgió por acuerdos entre el Estado mexicano y los representantes de los estudiantes desaparecidos durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.

“En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de seis meses”, detalló.

Reiteró su respaldo al grupo de trabajo y apoyó la actuación de Álvarez Icaza, “la Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la secretaría ejecutiva de la CIDH”.

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