CIUDAD DE MÉXICO. La actitud omisa de los legisladores y la no actuación de los órganos de control interno y de procuración de justicia del Estado ante los escándalos de corrupción, convirtieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una institución "decorativa, burocrática y enunciativa que nadie atiende", admiten diputados federales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Los registros en el portal de la Auditoría Superior de la Federación muestran que, sobre Denuncias Penales, en 14 años ha documentado 458 expedientes de irregularidades consideradas como delitos, pero sólo tiene en lista a 7 personas como "consignadas" y a 435 congeladas en proceso de "integración del Ministerio Público".
Registra también 8 casos como en estado de "no ejercicio de la acción penal" y otras 8 "en reserva".
Para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, de 2001 a 2012 se iniciaron mil 141 expedientes, de los cuales la Auditoría Superior de la Federación coloca mil 11 con Resolución de la ASF y 130 en Proceso de Desahogo. La Auditoría Superior de la Federación las concluye y las envía a los acusados, pero nadie las escucha ni las atiende.
"Con estas cifras tan lamentables, si consideramos que a los mexicanos nos cuesta casi 2 mil millones de pesos mantener cada año a la Auditoría Superior de la Federación, y si por ejemplo en 2011 la ASF apenas logró inhabilitar, sin mayores sanciones, a cuatro servidores públicos menores, nos costó 500 millones de pesos castigar a cada uno.¡No puede ser!", exclamó la diputada panista Elizabeth Yáñez Robles, quien fue subsecretaria de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de la Función Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de la secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Tesorería de la Federación en la Cámara de Diputados, la legisladora explica:
"Los resultados dan pena, pero ¿por qué sucede todo esto? Primero: la ASF presentó en 2011, un total de 2 mil 580 expedientes de recomendaciones en su informe, de los cuales sólo se atendieron 580, del resto nadie sabe ni nadie supo. Pero de esos 580, 500 se desechan porque supuestamente no hay elementos para sancionar. ¿Mande usted?"
Además, "de esas 80 restantes 70 se sancionan con delitos o faltas menores, como amonestaciones públicas o privadas de las que nadie se entera. En ese nivel nos quedamos, en que la Auditoría Superior de la Federación es meramente enunciativa y a la que nadie atiende, por la omisión de los legisladores y de los gobiernos".
"¿Qué proponemos en el nuevo Sistema Anticorrupción? Que una vez enviados los expedientes de la Auditoría Superior de la Federación a las dependencias éstos no se cierren, sino que la Tesorería de la Federación los mande a lo que será el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa para que los verifique, y si están mal elaborados, ya sea por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, se devuelvan y se rehagan correctamente. Que se les dé seguimiento hasta que de verdad haya una sanción".
Otra falla es en el resarcimiento de los recursos desviados o mal usados, porque se da la libertad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que recupere el dinero desviado y lo reintegre a la Tesorería de la Federación, "pero no lo hace; por eso proponemos que sea el Tribunal el encargado de resarcir el dinero y lo reintegre a la Tesorería de la Federación".