Nacional

El Congreso incurre en 22 violaciones a Carta Magna

La mayoría son leyes que quedaron pendientes; detienen reloj legislativo: CIDE
Eduardo Ortega
25 agosto 2016 23:36 Última actualización 26 agosto 2016 5:0
Congreso de la unión.

Congreso de la unión.

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, el Congreso de la Unión enfrenta 22 violaciones a la Constitución derivadas del incumplimiento de los legisladores en la aprobación de leyes y reglamentos.

De acuerdo con el Violómetro Constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los congresistas, quienes, al hacer las leyes deberían respetar el estado de derecho, son los primeros en infringir las disposiciones establecidas en la ley.

“Nuestros legisladores desobedecen la Constitución y las leyes. Con despreocupación ‘detienen’ o ignoran el llamado reloj legislativo. Se sabe también que cada que lo hacen ‘no pasa nada’”, asevera el proyecto impulsado por el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Roberto Duque.

Las violaciones constitucionales involucran leyes tan importantes como las relacionadas con las reformas estructurales, impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tales como la Ley de Transición Energética, que debió aprobarse antes del 21 de diciembre de 2014, y la Ley Federal de Competencia Económica, en falta desde el 6 de julio de 2015.

La violación más vieja, registrada por el Violómetro Constitucional del CIDE, data de hace más de ocho años y se refiere a la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, relacionada con la propaganda gubernamental. Este artículo señala que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, por lo que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y con fines informativos.

Entre otras legislaciones pendientes, se encuentran la Ley General en materia de desaparición forzada, la legislación sobre el uso legítimo de la fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Archivos y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Está pendiente el nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la Cámara de Senadores debió elegir como sustituto de Alejandro Luna Ramos a más tardar el 19 de abril de 2015.

Además de las 22 violaciones actuales a la Carta Magna, los congresistas enfrentan también dos nuevas obligaciones legislativas que deberán ser aprobadas antes del 31 de enero de 2017 próximo:
Las Bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México, así como la Ley de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, que forman parte de la reforma constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de Mexico.

“¿Por qué nadie castiga a los legisladores cuando violentan la ley?: porque sólo ellos podrían hacerlo (tendrían que autosancionarse: son juez y parte). ¿Por qué no cambiamos esa regla para evitar la impunidad?: porque sólo ellos pueden cambiar las reglas a través de la legislación”, se resalta en el proyecto.

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