ACAPULCO. Diputados locales de Guerrero, advirtieron que vigilarán con lupa la designación de los responsables de la seguridad publica en los 81 municipios para evitar que se repitan casos como el de Iguala, Cocula y Cuetzala del Progreso, donde sus titulares estaban al servicio del crimen organizado.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Magdalena Camacho Díaz, indicó que se exhortó a los alcaldes, para que "tengan mucho cuidado" a la hora de elegir quien será el responsables de la seguridad publica, porque de lo contrario podrían incluso ser sujetos a sanciones penales por no cumplir con la normatividad correspondiente.
"Les sugerimos a los presidentes municipales que se fijen muy bien a quien van a designar, porque esos tiempos donde se nombraba al compadre, amigo o cualquier familiar como responsable de seguridad pública, ya se terminaron. Ahora deben cumplir con un perfil adecuado, acreditar todos los exámenes de control y confianza que aplica la federación y someterse a la aprobación que otorga el Consejo Nacional de Seguridad", señaló.
Por su lado, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, señaló que todas las fracciones partidistas acordaron vigilar a los alcaldes, "porque el estado no puede volver a repetir la triste historia que pasó en Iguala, Cocula y Cuetzala del Progreso donde sus alcaldes y policías estaban vinculados con grupos de la delincuencia organizada".
"A partir del exhorto que se les hizo a los presidentes municipales para que cuiden la designación de sus responsables de seguridad pública, también advertimos que de acuerdo con la Ley Orgánica del municipio libre en su artículo 33, señala que si no se cumple con los requisitos y los nombran, estarán incurriendo en un delito de tipo penal que será castigado por la autoridad competente", puntualizó.
Durante el trienio pasado, al menos tres alcaldes fueron detenidos por su presunta vinculación con la delincuencia organizada (Iguala, Cocula y Cuetzala del Progreso), además de que la Policía Federal y Gendarmería asumieron el control de la seguridad en 12 municipios de la región de la Tierra Caliente de Guerrero, ante la sospecha de que sus cuerpos de seguridad se encontraban infiltrados por el crimen organizado.