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Diputados inician revisión de solicitudes de juicios políticos

Este martes se instaló la Subcomisión de Examen Previo que se encargará de revisar las 300 solicitudes y que tienen bajo resguardo la secretaría general en San Lázaro; la revisión se hará conforme el orden en que hayan sido presentadas. 
Víctor Chávez
21 abril 2016 13:4 Última actualización 21 abril 2016 13:5
Diputados

(Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados instaló la Subcomisión de Examen Previo, que comenzará a revisar las 300 solicitudes de juicios políticos en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios, que fueron presentadas de hace 15 años a la fecha.

Para ello, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, ambos del PRI, explicaron que esta subcomisión se encargará de "sustanciar los procedimientos de juicio político".

Esta instancia estará encabezada por los presidentes de ambas comisiones e integrada por 12 diputados más.


En la reunión de instalación, la subcomisión aprobó solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados los expedientes de juicio político que tiene bajo resguardo.

El acuerdo de la Jucopo indica que, en el desahogo de los asuntos de su competencia, la Subcomisión de Examen Previo analizará aquellos que le sean turnados en el orden en que hayan sido presentados por los ciudadanos ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Los secretarios de la subcomisión son los diputados Javier Neblina Vega (PAN) y Rafael Hernández Soriano (PRD), y la integran Marcela González Salas y Petricioli, César Alejandro Domínguez Domínguez, Abel Murrieta Gutiérrez y Armando Luna Canales, del grupo parlamentario del PRI; Karina Padilla Ávila y Jorge Triana Tena, PAN; Daniel Ordoñez Hernández, por el PRD; José Alberto Couttolenc Buentello del PVEM; Alfredo Basurto Román, de Morena, y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Movimiento Ciudadano.

Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Carta Magna, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Constitución, y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren".