MONTERREY.- La Fuerza Civil de Nuevo León asumió ayer el control total del centro penitenciario de Topo Chico y puso fin al autogobierno –luego de la riña que dejó 49 muertos el pasado jueves– que ejercían líderes del crimen organizado en complicidad con las autoridades, señaló ayer el gobierno del estado.
Se destacó en el comunicado que desmanteló celdas de lujo equipadas con salas, aire acondicionado, pantallas, frigobares, televisores digitales, acuarios y baños sauna.
Además fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios de hasta un 120 por ciento, indica la información.
Señala que toneladas de objetos prohibidos, entre ellos muebles, aparatos electrodomésticos y colchones, fueron apilados en las canchas del centro penitenciario.
El mobiliario fue retirado por maquinaria pesada y camiones.
"Conocimos todas las irregularidades que existían, arbitrariedades, abusos, cobros de piso", señaló el general Cuauhtémoc Antúnez, secretario de Seguridad, durante una visita al reclusorio en la que –se asegura– los reos le agradecieron la intervención del gobierno estatal.
"Ellos (los internos) nos piden que ya cese eso, estamos dando esa garantía, ahorita ya tenemos el control con Fuerza Civil para evitar que esos vicios se vuelvan a suscitar. Todos los privilegios se acabaron", apuntó.
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Tras el cateo realizado el pasado jueves, Fuerza Civil destruyó también cientos de altares de la Santa Muerte, que incluían figuras de tamaño real, cuadros y vestuarios similares a los de matlachines.
DETIENEN A FUNCIONARIOS
La Procuraduría de NL presentó el pasado sábado a los tres funcionarios detenidos y acusados por homicidio calificado y abuso de autoridad, tras el motín en el penal del Topo Chico.
El procurador Roberto Flores Treviño informó que se trata de Gregoria Salazar Robles, quien fungía como alcaide del centro penitenciario.
Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, que desempeñaba el cargo de subcomisario de Administración Penitenciaria, y José Reyes Hernández Aguilar, custodio del penal, son los otros presos.
A petición de su defensa, el juez de control concedió la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.