Nacional

Inhabilitación a particulares, destaca en nueva Ley de Transparencia

La Cámara de Diputados aprobó en votación económica un adéndum en el artículo cuarto transitorio, luego se avaló en lo general con 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones.
Víctor Chávez
19 abril 2016 20:21 Última actualización 20 abril 2016 5:0
diputados

(Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos años de debates y seis meses de tenerla “congelada”, el Pleno de la Cámara de Diputados destrabó y avaló –con 9 cambios– la minuta del Senado de la República que crea la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y deroga la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Con este simple cambio de nombre, los legisladores calificaron a esta nueva Ley como la columna vertebral del Sistema Nacional Anticorrupción, y de la reforma constitucional en la materia –aprobada desde febrero del 2014–, que “sientan las bases mínimas necesarias para la transparencia y el acceso a la información”.

Con una votación en lo general de 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones; y en lo particular con 396 votos a favor, cero en contra y 34 abstenciones, los diputados concluyeron su parte del proceso legislativo y enviaron la minuta al Senado.

El acuerdo entre partidos se logró con un adéndum en el artículo cuarto transitorio y ocho modificaciones más en 12 artículos.

La nueva ley busca garantizar el derecho del acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, con estas nuevas leyes “sí hay un cambio de paradigma, porque, entre lo más importante, habrá sanciones muy fuertes para las empresas que participen en actos o relaciones de corrupción”.

Es tan importante –dice– que “se podría llegar a la extinción de dominio y a la disolución de la empresa, porque si éstas reciben recursos públicos se vuelven sujetos obligados en materia de transparencia”.

“El cambio de nombre en la ley también es importante, porque se incluye la responsabilidad de servidores públicos y privados”, señala.

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), considera que las nuevas legislaciones “son un paso muy importante en materia de rendición de cuentas, sobre todo para municipios y gobiernos estatales”.

“A mí me parece la mejor señal de que estas leyes prometen cambiar las cosas, el diseño de la legislación nos va a permitir acceder a muchísimo más información de la que hoy ponemos a nivel de municipios y gobiernos estatales”.

PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, Panal y PES votaron a favor; Morena y el independiente Manuel Clouthier se abstuvieron. El PRI advirtió que lo destacado es que habrá sanciones para las empresas que participen en actos de corrupción, y que incluso contemplan llegar a la extinción de dominio y a la disolución de la empresa. Los tribunales de justicia administrativa impondrán sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras, así resarcir los daños.

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