Nacional

CNS acepta recomendación, pero niega ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato

En conferencia de prensa Sales Heredia aseguró que en los hechos Tanhuato la Policia Federal actuó en "legítima defensa" y el uso de sus armas fue bajo los principios de "necesidad, racionalidad y proporcionalidad".
David Vela
18 agosto 2016 19:1 Última actualización 18 agosto 2016 19:3
Renato Sales. (cuartoscuro)

Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad. (cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, aseguró que se aceptara en sus términos la recomendación de la CNDH sobre el caso Tanhuato, pero negó que en los hechos ocurridos en mayo de 2015, donde murieron un Policía Federal y 42 presuntos criminales, haya habido ejecuciones extrajudiciales.

De hecho, aclaró que en ninguno de los 13 puntos recomendatorios de la CNDH se hace referencia a ejecuciones sumarias, y por el contrario se hace referencia a que la CNS apoye en las investigaciones en curso que realizan las autoridades vinculantes como la PGR.

En conferencia de prensa Sales Heredia aseguró que en los hechos Tanhuato la Policia Federal actuó en "legítima defensa" y el uso de sus armas fue bajo los principios de "necesidad, racionalidad y proporcionalidad".

El funcionario hizo una breve relatoría de los hechos y aseguró que la intervención de la Policía Federal estuvo justiciada con la denuncia ciudadana de una mujer quien denunció que integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) la despojaron del rancho El Sol, ubicado en Tanhuato, Michoacán.

Advirtió que del relato de la mujer se desprendió información que advertía de la presencia en el lugar de tres líderes del citado grupo criminal, quienes eran custodiados por 700 hombres armados.

Aseguró que cuando llegaron los elementos federales al lugar encontraron a decenas de civiles armados quienes hicieron caso omiso al llamado de la autoridad de deponer las armas y por el contrario respondieron a tiros contra los uniformados y recordó que en la acción murió un elemento de la Policia federal, de 25 años de edad y cinco de servicio.

"No se trata ésto de una mera ecuación matemática sino de un evento lamentable donde además de el elemento de la Policia Federal que pierde la vida, fallecieron 42 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se negaron a deponer las armas", dijo el funcionario.

Destacó que desacuerdo con la jurisprudencia internacional la ejecución extrajudicial o sumaria es aquella privación de la vida cometida por las fuerzas del Estado como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza y que no obedezca a los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.

Puntualizó que en actas está asentado que los Policías Federales se identificaron, exigieron a los agresiones que depusieran las armas y se entregarán, pero la repuesta fue a disparos de armas de fuego.

"Disparos que dieron muerte a un policía, hirieron a tres más, y afectaron a tres unidades oficiales y un helicóptero que presentó tres disparos en su estructura, además de que fue amagado con un lanza misiles.

"De los elementos de prueba se advierte, en nuestra consideración, que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho, es decir, a nuestra consideración, se actuó en legítima defensa", aseguró el Comisionado Sales Heredia.

Precisó que los agresores contaban con armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas como un fusil tipo bárret y un lanza misiles RPG activado, por lo que insistió que la actuación de la Policia Federal fue "absolutamente racional" para el escenario hostil, en el que había tiradores desde diversos puntos.

"Por ello, no creemos que se configure la hipótesis de las exenciones arbitrarias", dijo de manera contundente.

En el marco de este pronunciamiento, el funcionario llamó al Congreso de la Unión a sumar voluntades y concretar una Ley General sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Y es que dijo que si bien México está adherido a la jurisprudencia internacional se necesita la fuerza de la Ley para que todas las instituciones que usan armas de fuego se vean obligados y amparadas por ésta.

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