Nacional

CNDH señala ejecuciones arbitrarias en Tanhuato

El organismo acreditó que durante el operativo en Michoacán, ocurrido el 22 de mayo de 2015, hubo hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a elementos de la Policía Federal.
Redacción
18 agosto 2016 16:53 Última actualización 18 agosto 2016 19:5
Enfrentamiento Tanhuato Michoacán (Cuartoscuro)

El gobierno indicó que los muertos eran sospechosos de narcotráfico que se ocultaban en una hacienda en Tanhuato. (Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo el jueves que existen indicios sólidos para que el Gobierno investigue la muerte de 22 personas el año pasado en Tanhuato, Michoacán, como un ejecuciones arbitrarias por parte de la Policía Federal.

En su Recomendación No. 4VG /2016 (que puedes consultar aquí) dirigida al Comisionado de Nacional Seguridad Pública, Renato Sales, la CNDH señala que en el caso hubo violaciones graves a los derechos humanos, incluidas las ejecuciones arbitrarias.

“Se instruya a quien corresponda, a fin de que se colabore ampliamente en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la PGR y Unidad de Asuntos Internos de la CNS, respectivamente, con motivo de la denuncia y queja que presente esta Comisión Nacional por la ejecución arbitraria de V1 (cadáver 1 bis), V2 (cadáver 37 bis), V5 (cadáver 9), V6 (cadáver 10), V7 (cadáver 11), V8 (cadáver 12), V9 (cadáver 13), V11 (cadáver 15), V14 (cadáver 18), V15 (cadáver 19), V16 (cadáver 20), V20 (cadáver 32), V21 (cadáver 31), V22 (cadáver 30), V24 (cadáver 28), V28 (cadáver 34), V30 (cadáver 36), V37 (cadáver 4), V38 (cadáver 3), V39 (cadáver 2), V41 (cadáver 6) y V42 (cadáver 6 bis), así como por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de V25 (cadáver 37), V32, (cadáver 26), V33 (cadáver 27), V34 (cadáver 24), a fin de determinar la identidad de los servidores públicos responsables de los hechos, incluyendo, en su caso, los mandos que ordenaron, autorizaron o toleraron las acciones descritas en el presente caso”, se lee en las recomendaciones del documento.

El 22 de mayo de 2015, el Gobierno ordenó un operativo con cientos de policías federales en un rancho del municipio de Tanhuato, en el que en total murieron 43 personas, entre ellas un agente federal.

El gobierno indicó que los demás muertos eran sospechosos de narcotráfico que se ocultaban en una hacienda en Tanhuato, cerca de la frontera con Jalisco.

La cifra de muertos tan desequilibrada, de 42 a 1, generó sospechas de que se trataba de homicidios extrajudiciales.

El gobierno se negó a dar a conocer los informes de las autopsias a las víctimas.

El jefe de este cuerpo, Enrique Galindo, dijo en su momento que se trató de un enfrentamiento con supuestos delincuentes, pero en los meses posteriores se mostró abierto a que quienes participaron en el operativo fueran investigados.

Los hombres que murieron estarían vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que se ha expandido en los últimos años y que días antes del operativo había tenido un enfrentamiento con policías federales y militares, matando a varios de ellos y derribándoles un helicóptero.

"Como resultado de la investigación realizada por este organismo nacional, con sustento en pruebas técnicas y científicas (...) se acreditaron hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal", dijo Luis Raúl González, presidente de la CNDH en una conferencia de prensa.

Anteriormente, la CNDH había dicho que no había evidencias de que se tratara de violaciones a los derechos humanos.

Un equipo de especialistas de la Comisión encontró irregularidades en los informes presentados por la Policía Federal, así como en los dictámenes realizados por la fiscalía de Michoacán.

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, dijo que, por ejemplo, existen indicios de que efectivos habrían disparado más allá de lo necesario y de que a algunas de las víctimas les habrían sido colocadas armas de fuego después de su muerte.

En otros casos, los cuerpos muestran huellas de tortura en varias partes, otros presentan disparos directos, algunos de ellos a la cabeza, mientras que una de las víctimas muestra indicios de haber sido atropellada en el sitio.

Dos de los detenidos fueron sometidos a tortura al presenciar circunstancias de la ejecución de tres personas y posteriormente fueron agredidos físicamente y sometidos a interrogatorio, añadió Eslava.

En una conferencia casi simultánea el jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, aceptó las recomendaciones de la CNDH, pero dijo que la policía actuó en "legítima defensa".

"En nuestra consideración se observa que el uso de las armas fue necesario y proporcional (...) dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza", argumentó.

SANCIÓN A LOS RESPONSABLES

Activistas de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas han dicho que este es un caso claro de ejecución extrajudicial, tomando en cuenta aspectos como el índice de letalidad, que mide la cantidad de bajas que sufre el supuesto grupo criminal contra las del cuerpo de seguridad que las enfrenta.

"Queremos que el gobierno y quien tenga que ser que dé la cara y castigue a las personas que lo hicieron (...) Nadie tiene el poder de matar por matar", dijo Margarito Romero, el padre de una de las víctimas, tras conocer el resultado de la indagatoria.

En mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde sus oficinas en Ginebra, pidió al Gobierno mexicano investigar y sancionar a los responsables de múltiples ejecuciones sumarias, las cuales podrían incluir a altos mandos militares.

Uno de los casos más sonados ha sido el de Tlatlaya, ocurrido en 2014 en el Estado de México al norte de la capital, donde un grupo de 22 personas murieron a manos de militares, quienes supuestamente asesinaron a varios de ellos luego de que se habían rendido.

Varios militares quedaron detenidos pero fueron liberados posteriormente por un juez en un caso que ha sido apelado por la
PGR.

*Con información de AP y Reuters

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