La defensa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, presentó este martes los recursos de queja contra la negativa de un Juez de conceder amparos contra la extradición del capo a Estados Unidos y, al mismo tiempo, solicitó que la Suprema Corte atraiga el caso y lo resuelva en definitiva.
Andrés Granados, uno de los abogados del Chapo Guzmán, se presentó este martes a las oficinas del Juzgado para promover los recursos, de los cuales conocerá un Tribunal Colegiado y podría ratificar la sentencia del juez o modificarla para amparar al líder del Cártel de Sinaloa.
Explicó, como lo ha publicado El Financiero, que la instrucción del Chapo Guzmán es que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual solicitaron en el mismo acto.
"Estamos promoviendo la revisión al amparo que nos negó el Juez Decimotercero y que queremos que llegue a la Suprema Corte", dijo el litigante a su salida del Juzgado, ubicado el edificio de Periférico Sur.
Dijo que son cuatro agravios los planteados en la revisión entre ellos, que el delito por el que se le pretende extraditar ya prescribió, así como la inconsistencia en la solicitud de extradición porque fue firmada por personal de Estados Unidos no reconocidos como autoridad diplomática.
Señaló que los requisitos de extradición no fueron agotados y además de que existe el temor de que las autoridades de Estados Unidos, quieran aplicar a Chapo Guzmán penas inusitadas como la cadena perpetua o la pena de muerte.
"Por la pena de muerte no se puede enviar al señor Guzmán porque en este caso por tratarse del personaje, ojalá que no la quieran aplica, por tratarse de un tema mediático y es muy complejo y que respeten, que el gobierno federal no meta la mano", dijo el litigante.
Explicó que el Tribunal Colegiado podría tardar entre tres y seis meses para determinar sobre estos recursos y en su caso si lo remite a la Suprema Corte o no.
El 20 de octubre pasado, Jesús Alberto Chávez, Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó los amparos 644/2016 y 645/2016, promovidos a favor del Chapo Guzmán.
El juzgador consideró que los argumentos de Joaquín Guzmán Loera contra su extradición, resultaron infundados, inaplicables, inoperantes o insuficientes y no demostraron que su inminente entrega a la justicia de Estados Unidos viole sus derechos humanos.
Los expedientes revisados por El Financiero, se advierte que Guzmán Loera acusó violación a sus derechos previstos en la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto de San José.
En específico alegó violación al derecho a la libertad, (detención arbitraria); a la dignidad humana (transgresión del principio de legalidad); y debido proceso (incumplimiento de formalidades del proceso de extradición).