Diputados federales del PAN de Michoacán denunciaron que el gobernador de su estado, el perredista Silvano Aureoles Conejo, y su gabinete, hicieron ya su primer negocio redondo en la entidad: "Abusivamente y en contra de su compromiso de campaña", cobran hoy 2 mil 296 pesos por el obligado reemplacamiento de cada auto, cuando hacer las láminas no cuesta más de 300 pesos.
"Lo peor de esto, lo triste y lo más lamentable es que con este trámite obligado que tendrán que hacer alrededor de un millón 450 mil automovilistas, el gobierno local recaudará al menos 3 mil 300 millones de pesos y no se ha dicho a dónde irá, a qué rubro de la administración estatal, que hasta ahora se ha caracterizado por su desorden, derroche y opacidad", criticó el diputado federal panista José Antonio Salas Valencia.
Indicó que además de que en su campaña Aureoles prometió que no permitiría el reemplacamiento, "hoy recula y lo hace en forma abusiva, pues se sabe que un contrato, por ejemplo, con una empresa especializada en el estado como la llamada Lazos Internacionales S.A. de C.V., en 2014 cotizó en 16 millones la elaboración de 81 mil 276 juegos de placas; lo que quiere decir que cada juego costaría 200 pesos".
En otro ejemplo –expuso– otro contrato por 34 millones 388 mil 968 pesos para hacer 167 mil juegos de placas, "nos indicaría que cada juego nos costaría algo así también como 200 pesos y fracción", señaló el legislador.
"Éste es un negocio de los integrantes del gobierno, con la complicidad del propio gobernador, pues a ellos les interesa recaudar como sea y a como dé lugar, y al mismo tiempo hacer ellos sus transas con los contratos, sin importar sus promesas de campaña y sus compromisos con la transparencia", remarcó.
Por un decreto aprobado por el PRI y el PRD en el Congreso local en diciembre pasado, los michoacanos tendrán que pagar, entre marzo y agosto de este año, un trámite de mil 477 pesos por las láminas, más 819 pesos por el engomado.
A pesar de las protestas de ciudadanos y transportistas por las calles de la capital del estado, este trámite se ordenó y hasta con un aumento del 113 por ciento, respecto al 2010 –casi cuando arrancó el gobierno del priista Fausto Vallejo–, y de un 30 por ciento al del 2015.