CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las minutas envidas por el Senado de la República de los decretos que expiden para modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y dos ordenamientos nuevos sobre justicia para adolescentes y para garantizar procesos penales justos.
Entre los principales puntos que prevén las nuevas leyes y reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia organizada está que se tipifican nuevos delitos como narcomenudeo; el de uso de moneda falsificada a sabiendas y el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.
Durante la primera sesión del periodo extraordinario se avalaron con 96 votos a favor, seis en contra y una abstención, cambios a diversos artículos reservados entre ellos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para garantizar que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley y en ningún caso será superior a dos años.
En el Código Nacional de Procedimientos Penales se armoniza la intervención de comunicaciones privadas, las informaciones anónimas y la colaboración de miembros de la delincuencia organizada.
También se modificó el Artículo 338, que establece que la víctima puede remitir pruebas directamente al juez, sin necesidad de ser valoradas por el ministerio público, eliminándose así trabas en el debido proceso.
En la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se refiere más al sistema penintenciario, se establece la figura del Juez de Ejecución para evitar abusos y privilegios a los procesados y sentenciados; se establecen permisos humanitarios de salida cuando se justifique por enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, conyuge, concubina o concubino.
Se brinda respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, alineándose a las reglas de las Naciones Unidas para tratamiento de las reclusas.
Se abre la posibilidad a los reos de acceder a las acciones administrativas y recursos jurisdiccionales para garantizarles el respeto de sus derechos mientras dure su internamiento y contiene un novedoso programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva.
En materia de justicia para adolescentes, se marca que los menores podrán ser sancionados con una pena máxima de cinco años, pero sólo como una medida extrema, ya que el objetivo es privilegiar otras opciones para la reinserción a adolescentes que hayan cometido algún delito.
Por ello se fomenta el uso de los acuerdos reparatorios y de la suspensión condicional, como salidas alternas a los procedimientos.
Finalmente, el diputado Álvaro Hinojosa Ibarra explicó que que la prioridad de este nuevo sistema de justicia penal, que entrará en vigor el próximo sábado 18 de junio es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de un debido proceso para los imputados y, sobre todo, la atención del derecho de las víctimas.