NUEVO LEÓN.- La tarde del miércoles, el Poder Judicial de la Federación en el Estado de Nuevo León, por conducto del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, concedió la suspensión provisional al ex gobernador Rodrigo Medina en su calidad de quejoso, medio constitucional en el cual reclama actos de diversas autoridades del propio organismo.
Lo anterior se desprende de la página de la Dirección General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación e implica que no sea obligado por medio de la fuerza pública a comparecer ante el juez de control del Estado, ni privado, ni restringido de su libertad.
De acuerdo con la información del organismo, el amparo fue concedido por José Francisco Domínguez Torres, secretario del juzgado referido.
Al exgobernador se le fijó una fianza de 5 mil pesos, la cual tiene cinco días para cubrir, de lo contrario el amparo quedaría sin efecto.
Fuentes allegadas al asesor legal y vocero de la Fiscalía Anticorrupción, Aldo Fasci, señalaron que la Fiscalía, la parte acusadora, aún no había sido enterada con algún documento oficial sobre el amparo provisional de Rodrigo Medina.
Trascendió que las autoridades se enteraron de tal hecho a través de los medios de comunicación.
Sin embargo, un abogado que pidió omitir su nombre, señaló que "en un momento determinado la audiencia se va a llevar acabo, si no está él se va a decir que no compareció, pero se va a levantar la constancia.
"El acta de la audiencia la tiene que levantar el juez y ahí tiene que citar si compareció Medina o no", agregó.
"Los efectos de la suspensión no es propiamente suspender el procedimiento, porque éste es de orden público, son cosas muy diferentes", indicó.
Rodrigo Medina está citado para el día de mañana para comparecer ante un juez de control, para responder a tres presuntos delitos relacionados con la llegada de la armadora KIA Motors a la entidad.
Su audiencia ocurre después de que el pasado martes acudiera el ex tesorero de su administración, Rodolfo Gómez Acosta, quien fue vinculado a proceso por tres delitos: peculado, uso indebido de funciones y delito patrimonial, por los cuales puede ser penado con 12 años por cada uno.
En el caso del Medina, ha trascendido que los delitos por los cuáles es citado son peculado, ejercicio indebido de funciones y abandono de funciones.
La autoridad señala que existe un quebranto a las finanzas del Estado por un monto de 3 mil 683 millones 504 mil 568 pesos, al ofrecer incentivos y apoyos a KIA sin que la armadora los solicitara.
Al respecto, el diputado local Eugenio Montiel, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local, señaló que espera transparencia en esta audiencia.
"Esto es un hecho histórico, finalmente fue una promesa de campaña del Gobernador. Esperamos que se conduzca con la mayor legalidad y transparencia y que se determinen si existen o no los sucesos que se le imputan por presuntos actos de corrupción, y que se actúe conforme a derecho para que se deslinden responsabilidades", indicó.
ACUSACIÓN ES BIEN FUNDAMENTADA: CANALES
Por su parte, Ernesto Canales Santos, Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León, destacó que la acusación contra Medina es firme y está bien fundamentada.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, para la cadena Grupo Fórmula, el Fiscal anti corrupción dijo que por el caso de la armadora Kia algunos de los más altos ex funcionarios del Gobierno de Nuevo León cometieron irregularidades que la Fiscalía considera que vale la pena estructurarlos como un caso penal y por eso realiza imputaciones concretas sobre las conductas de esos funcionarios que tendrán que ser sometidas al juez de control.
Cuestionado si asistirá el ex gobernador ante el Juez de Control esta mañana, Canales respondió que debe asistir, porque de lo contrario tendría que ser requerido por la fuerza pública.
"Bueno, no tenemos noticias de que no se vaya a presentar, tampoco nos ha confirmado su presentación, pero desde luego nosotros en la Fiscalía pensamos que lo mejor para él, lo apropiado, es que sí se presente, porque de otra manera primero sería sólo una dilación de la audiencia, no afectaría el fondo, se trataría nada más de posponerla por unos días o unas semanas; y segundo, sobre todo porque si no se presenta, da la oportunidad a la Fiscalía para que le pida al juez de control su presentación obligatoria, es decir, que la fuerza pública lo lleve a comparecer", agregó.