Legisladores, académicos, secretarios de Estado y líderes partidistas dividieron opiniones tras el amago de la cúpula empresarial de dejar de pagar impuestos si el gobierno federal no pone en alto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Del lado de las cámaras, legisladores del PAN y PRD respaldaron la posición de no pagar impuestos mientras sigan las movilizaciones en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.
Marko Cortés, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que si bien ese partido está a favor de la libre manifestación, "ésta no debe vulnerar el derecho de los niños o el de terceros, que están viendo afectada económicamente su actividad".
Aparte, el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, consideró que el gobierno federal debe atender los planteamientos de las organizaciones empresariales, pero "sin caer en la tentación de usar la fuerza pública en contra de las formas de expresión de la CNTE".
Mientras que el senador blanquiazul, Javier Lozano aseveró que no solo la IP debe levantar la voz, sino también el resto de la sociedad civil. Dijo que la situación por los bloqueos alcanzó ya niveles de vergüenza y dijo que seguramente las cosas se están arreglando "a billetazos" aunque "lo peor es que el gobierno cede pero la Coordinadora sigue".
En cambio, para José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los empresarios se han dado cuenta que si el Estado no cumple con su obligación de aplicar la ley, ahora ellos amenazan con hacer lo mismo.
El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Roberto Duque, consideró que "el chantaje" de la iniciativa privada es parte de "una espiral de ilegalidad" que el propio gobierno ha propiciado.
Al respecto, Cuitláhuac García, excandidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, advirtió que los empresarios incurrirían en una ilegalidad si dejan de pagar sus impuestos.
En ese sentido, el diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, opinó que el gobierno federal no debe permitir a los empresarios "chantajear" con no cumplir la ley.