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Por decisión del FBI, unos 70 mil fugitivos pueden comprar armas

El diario The Washington Post, señala que los prófugos que estaban prohibidos por la ley federal para comprar armas de fuego, ahora pueden hacerlo, a menos de que se les prohíba por otras razones.
Agencias 
23 noviembre 2017 20:58 Última actualización 24 noviembre 2017 5:0
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(Shutterstock)

Al menos 70 mil sospechosos buscados por agencias estadounidenses fueron retirados este año de la base de datos de verificación de antecedentes penales del FBI, que prohíbe a fugitivos comprar armas, según denunció ayer el diario The Washington Post.

Los nombres fueron sacados después de que el FBI cambiara en febrero su interpretación legal de “fugitivo de la justicia” para decir que se refiere sólo a personas buscadas que han cruzado las fronteras estatales.

Por ello, señala el diario, aquellos prófugos que anteriormente estaban prohibidos por la ley federal para comprar armas de fuego, ahora pueden hacerlo, a menos de que se les prohíba por otras razones.

Desde que se creó el Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NICS) en 1998, éste ha impedido que 1.5 millones de personas compren armas, incluidos 180 mil fugitivos de la justicia, según estadísticas expuestas por el rotativo.

“No está claro cuántas de estas personas pueden haber comprado armas desde febrero”, agregó The Washington Post.

“Cualquiera de estos fugitivos potencialmente peligrosos puede ingresar a una tienda de armas con licencia, pasar un control de antecedentes penales y retirarse con un arma”, escribió en una carta Robyn Thomas, director ejecutivo del Centro Jurídico Giffords para Prevenir la Violencia con Armas, al director del FBI, Christopher A. Wray.

Según el diario, el Fiscal General, Jeff Sessions, envió un memorando al FBI y al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) instruyéndolos a tomar varios pasos para mejorar el NICS.

El sistema, dijo, es “crítico para que podamos mantener las armas fuera de las manos de aquellos” (delincuentes).

El sistema de verificación de antecedentes penales ha estado bajo escrutinio en las últimas semanas después de que la Fuerza Aérea dijo que no siguió las políticas para alertar al FBI sobre la condena por violencia doméstica de Devin P. Kelley, quien mató a 26 personas en una iglesia bautista de Texas. Debido a que su condena no se ingresó en el NICS, se le permitió a Kelley comprar armas de fuego.

Hace dos años, Dylann Roof, quien mató a nueve personas en una histórica iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur, pudo comprar su arma después de errores del FBI y la policía local hizo que su nombre no ingresara en las bases de datos de registros criminales cuando estaba arrestado y admitido en posesión de drogas.

EL COMPROMISO

La organización Giffords, fundada por la excongresista de Arizona, Gabrielle Giffords, exigió al FBI y al ATF que “corrijan este vacío” y recuperen todas las armas compradas ilegalmente este año debido a la eliminación de nombres de la base de datos.

“El Departamento de Justicia se compromete a trabajar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el país para garantizar que todos aquellos a quienes se puede determinar legalmente que tengan prohibido recibir o poseer un arma de fuego sean incluidos en las bases de datos penales federales”, dijo un funcionario de esa dependencia federal que aceptó discutir el asunto sólo bajo condición de anonimato.

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