CARACAS.- Decenas de policías antimotines bloquearon el paso de miles de personas que marchaban en reclamo de que se establezcan con claridad las condiciones para la recolección de las firmas necesarias que active la consulta para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
Al grito de "¡Y va a caer, va caer, este gobierno va a caer!", los manifestantes, algunos visiblemente molestos, exigían infructuosamente a los agentes de la Policía Nacional abrir el paso para continuar la marcha, impulsada por la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de los partidos de oposición.
Los manifestantes habían planeado avanzar hasta la avenida Libertador, que enlaza en el centro y este de la capital venezolana, pero fueron bloqueados por los policías, que argumentaron que no tenían permiso para marchar.
Aunque la oposición logró activar a los adversarios de Maduro y demostrar su fuerza en las calles y poder de organización en la multitudinaria marcha del 1 de septiembre, no ha obtenido mayores avances para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —visto como favorable al oficialismo— acelere la convocatoria de la recolección de las firmas de 20 por ciento de los electores requeridas.
El diputado Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, dominada por una mayoría opositora, rechazó la acción policial.
"Manifestar es un derecho, no puede ser que cada vez que el pueblo sale a marchar, a exigir el cumplimiento de la Constitución, que se respeten sus derechos, tenga que pasar por este calvario", dijo Ramos Allup a la prensa.
El legislador también se quejó que "las comadres", como llama a cuatro de los cinco rectores del CNE, "una vez más son obsequiosas con el gobierno, hacen cualquier cosa para retrasar el referendo".
En la víspera, el CNE anunció que en atención de supuestas "nuevas amenazas contra las trabajadoras y los trabajadores, así como contra las instalaciones del Poder Electoral, obligaron a suspender este viernes, las actividades en las sedes del organismo electoral" en todo el país
Los analistas coinciden en que lograr el referendo en el 2016 será una lucha de resistencia y que en el camino la iniciativa seguirá encontrándose con muchos obstáculos.
Ante las persistentes dudas de que el referendo revocatorio pueda darse este año los adversarios del presidente Maduro exigen que la autoridad electoral fije "sin más demoras" la fecha de la consulta que aspiran abra el camino para resolver la crisis económica y social que afecta al país.
La oposición apuesta a realizar este año la consulta, pero el cronograma que planteó el CNE ha generado dudas de que pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de seis años de Maduro.
La Constitución establece que de realizarse el referendo luego de esa fecha los dos últimos años del gobierno deberán ser completados por el vicepresidente. Es atribución del presidente nombrar y remover el vicepresidente tantas veces como lo considere a lo largo de su mandato.
"¿Qué estamos demandando?... Que el 20 por ciento de las firmas sea nacional. Es importante que se aclare que el 20 por ciento es la sumatoria de todo el país, no como han dicho gente del gobierno por ahí de que se tiene que alcanzar el 20% en cada uno de los (23) estados y el distrito capital, esto no es una consulta regional", dijo el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba.
La alianza opositora exigió al CNE "la habilitación de 9 mil 500 máquinas de votación en 6.500 centros de votación" con el propósito de "permitir que todos los venezolanos que quieren apoyar el referendo revocatorio puedan hacerlo".
"Venezuela está en medio de una profunda crisis de ingobernabilidad. Frente a una situación como esta lo lógico, lo razonable, lo urgente, es que es que el referendo se haga lo más pronto posible", indicó Torrealba.
Las protestas, que la oposición venezolana convocó en todo el país, coinciden con el desarrollo de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se realiza esta semana en la oriental isla de Margarita.
La Mesa de la Unidad Democrática denominó como "la anti-cumbre" a las protestas del viernes para llamar la atención "de propios y extraños" sobre los costos de ese encuentro, que consideran "absolutamente innecesario" en un país en crisis.
"Mientras en el resto de Venezuela hay hambre, hay miseria, hay inseguridad", el gobierno se "hace un gasto de 250 millones de dólares en esa cumbre en Margarita", afirmó Torrealba.