WASHINGTON.- El gobierno de México no cumple enteramente con los estándares mínimos para eliminar el tráfico de personas, afirmó el Departamento de Estado, al reconocer, sin embargo, que "realiza esfuerzos significativos" en esa dirección, para lo que debería incrementar el financiamiento de servicios especializados de atención a las víctimas de todas las formas de contrabando y brindarles protección adecuada, así como fortalecer las acciones para investigar y juzgar los delitos en la materia.
En su Reporte 2015 sobre Tráfico de Personas, detalló que México es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sujetos a trata sexual y trabajo forzado. Entre los más vulnerables están mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, migrantes y miembros de la comunidad homosexual, bisexual y transgénero. Expone que "son explotados dentro de México y de Estados Unidos", mientras que también hay trabajo forzado en los sectores de la agricultura, servicio doméstico, procesamiento de alimentos, construcción, economía informal, mendicidad y comercio.
"La mayoría de las víctimas extranjeras proceden de Centro y Sudamérica", dice, aunque se identificó a víctimas de otras regiones, algunas en ruta a EU.
"El turismo sexual de pedófilos persiste, especialmente en áreas turísticas y en ciudades de la frontera norte. Muchos turistas pedófilos proceden de EU, Canadá y Europa Occidental. El crimen organizado lucra con el tráfico sexual y obliga a mexicanos y extranjeros a participar en ilícitos, incluyendo trabajar como sicarios y vigilantes; en la producción, transporte y venta de drogas. La corrupción relacionada, especialmente entre funcionarios policiales, judiciales y migratorios locales, es una preocupación significativa", resalta.
Señala que "algunos funcionarios cobran sobornos y servicios sexuales a quienes se prostituyen; extorsionan a indocumentados; falsifican los papeles de víctimas y amenazan con procesarlas si no denuncian a los traficantes; aceptan sobornos; facilitan el movimiento transfronterizo de las víctimas; operan o frecuentan burdeles donde las víctimas son explotadas o fallan en responder a los delitos de tráfico, incluyendo los cometidos en lugares de sexo comercial".
Las autoridades, agregó, reportaron un incremento de sentencias, pero no está claro cuántas estuvieron en línea con el Protocolo UNTIP de 2000, aparte de que "los esfuerzos fueron socavados por una significativa complicidad oficial".
En México, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que encabeza Roberto Campa Cifrían, afirmó que solo la suma de esfuerzos entre los tres poderes de la Unión y la sociedad permitirá erradicar la trata. Al presentar el informe de la comisión intersecretarial en la materia, recalcó que el gobierno federal tiene el compromiso de mejorar y ampliar las capacidades de respuesta institucional ante el fenómeno delictivo, e hizo un llamado a todos los actores involucrados para generar acuerdos en favor de su erradicación.
Con información de Susana Guzmán.