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Cristina Fernández acusa a Macri de persecución tras orden de arresto

Un juez federal pidió el desafuero y prisión para la senadora recién electa por supuesto encubrimiento de un atentado antisemita; la expresidenta calificó la resolución del juez de “inédito e increíble desvarío judicial”
AP
07 diciembre 2017 7:19 Última actualización 07 diciembre 2017 15:34
Cristina Fernández de Kirchner

(Reuters)

BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández acusó a su sucesor Mauricio Macri de liderar una campaña para perseguir a la oposición, horas después de que un juez federal pidiera su desafuero para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

Fernández también fue acusada de traición a la patria, uno de los delitos más severamente castigados por la ley argentina.

Esta es la primera vez que un magistrado ordena la detención de la expresidenta, que afronta otras investigaciones judiciales por el supuesto lavado de dinero que recibía a cambio de la adjudicación de obras públicas.

En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Fernández calificó la resolución del juez de “inédito e increíble desvarío judicial” y señaló a Macri como “el máximo y el verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.

Fernández juró como senadora nacional la semana pasada para un periodo de seis años. Para poder ser detenida como requiere el juez federal Claudio Bonadío se necesita que el Senado le retire los fueros parlamentarios con el voto de los dos tercios de los integrantes de esa cámara, los que actualmente no están asegurados.

Si no se produce el desafuero, el juez podrá seguir investigándola y eventualmente enviarla a juicio ya que la inmunidad parlamentaria sólo la protege del arresto.

Mauricio Macri es el director de la orquesta y en este caso Bonadío ejecuta la partitura judicial”, dijo la exmandataria.

A su vez, destacó que la medida judicial se produce a 72 horas de asumir su banca y la atribuyó a “un intento de disciplinamiento. Me quieren callada y con la espada de Damocles en el cuello”.

Esta mañana se conoció que un juez federal pidió el desafuero de la expresidenta por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994 y traición a la patria, uno de los delitos más severamente castigados por la ley.

A su vez el magistrado dispuso el procesamiento del excanciller Héctor Timerman y su arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud y los procesamientos con prisión preventiva del exsecretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y del dirigente social Luis D'Elía, quienes fueron arrestados en la madrugada de este jueves por fuerzas de seguridad acusados de los mismos delitos, dijo el fiscal de la causa Eduardo Taiano.

Otro de los procesados y detenidos es Jorge Khalil, integrante de la comunidad iraní en Argentina, mientras que el juez ordenó el arresto del dirigente social izquierdista Fernando Esteche, quien permanece prófugo.

Taiano dijo que las detenciones obedecen a “la gravedad de los delitos que se imputan”. El delito de traición a la patria contempla una pena de entre 10 y 25 años y el de encubrimiento un máximo de seis.

Además Bonadío procesó sin prisión preventiva por los mismos delitos al exsecretario de la presidencia y extitular del servicio de inteligencia Oscar Parrilli, a varios exfuncionarios de inteligencia y a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros, y los convocó para “que se presenten en este tribunal, dentro de las 48 horas de anoticiados, con el objeto que se notifiquen personalmente de la presente resolución”, señaló el juez en su resolución difundida por el Centro de Información Judicial.



Organizaciones de derechos humanos y grupos sociales afines a la expresidenta criticaron la decisión de Bonadío. “Con el objetivo de perseguir y silenciar voces opositoras el partido judicial opera al servicio del Ejecutivo”, dijo en Twitter el grupo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo.

En una presentación ante el juez Bonadío en octubre la exmandataria (2007-2015) negó en un escrito haber protegido a los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias.

Fernández también acusó al magistrado, quien la investiga en otras causas, de ser parcial y estar manipulado por el presidente Mauricio Macri.

Pero Bonadío afirmó en su dictamen que el pacto suscrito en 2013 entre el entonces gobierno de Fernández e Irán “formó parte de un acuerdo... para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes sindicados por la justicia argentina como los responsables del atentado, como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA”.

En su denuncia Nisman había señalado que dicho memorando -firmado con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado- era una pantalla para garantizar la impunidad de los iraníes acusados del ataque en el que murieron 85 personas.

Nisman denunció el 14 de enero de 2015 a todos los exfuncionarios y allegados a Fernández contra los que ha actuado Bonadío. Cuatro días después fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Buenos Aires, lo que recientemente fue considerado por la justicia federal como un homicidio.

La denuncia de Nisman contra Fernández y el resto de los imputados fue desestimada en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.

La exmandataria ha defendido públicamente ese acuerdo como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, que sigue irresuelto. El convenio fue aprobado por el Parlamento argentino pero luego fue declarado inconstitucional por la justicia.

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