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Infanta Cristina, hermana del rey de España, será juzgada por fraude fiscal

El juez José Castro dictó apertura de juicio oral contra Cristina de Borbón, sexta en la línea sucesoria a la Corona española. El magistrado decidió juzgar a la infanta por fraude fiscal, en contra del criterio de la Fiscalía que no advertía indicios suficientes de delito.
Reuters
22 diciembre 2014 7:53 Última actualización 22 diciembre 2014 8:21
Infanta Cristina de Borbón

La infanta enfrenta una pena de hasta cuatro años de cárcel como "cooperadora necesaria" en el fraude fiscal cometido presuntamente por su marido en los ejercicios 2007 y 2008. (AP)

MADRID.- La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España, será el primer integrante de la familia real de ese país que se sentará en el banquillo de los acusados, después de que un juez considerase que fue "cooperadora necesaria" en dos delitos de fraude fiscal.

"Se decreta la apertura del juicio oral (...) contra Cristina de Borbón (...) en concepto de cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública", dijo el juez de Palma de Mallorca José Castro en una resolución de apertura del juicio oral.

El juez fijó una fianza de dos mil 69 millones de euros (32 millones de dólares) para Cristina al iniciar el juicio contra 17 personas, entre ellas su marido, Iñaki Urdangarin, para el que impuso una fianza de casi 15 millones de euros.


El magistrado fijó un plazo de 20 días para que los enjuiciados presenten sus escritos de defensa, tras lo cual el caso será remitido al Tribunal Superior de Justicia balear para que se celebre el juicio. La resolución no es apelable.

La hermana del rey Felipe VI deberá responder ahora si dispuso y gastó dinero público destinado a Aizoon, una sociedad "pantalla" que poseía en 50 por ciento con su marido, un exjugador de balonmano.

Castro desestimó la solicitud de sobreseimiento de la causa contra la infanta, de 49 años, pedida por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y por su defensa.

Castro sostiene que la duquesa de Palma era cooperadora necesaria en los delitos de Urdangarin, y que sin su consentimiento y su actuación no se habrían cometido.

Este es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.

Desde que asumió el trono en junio tras la abdicación de su padre Juan Carlos I, Felipe VI ha puesto en marcha medidas para recuperar la confianza en la Corona, como la prohibición a los miembros de la familia real de trabajar en el sector privado o la eliminación de los gastos de representación a los que tenían derecho sus hermanas mayores, Elena y Cristina.

La infanta Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, se trasladó con sus cuatro hijos a Ginebra, donde trabaja para una fundación.

La investigación a Cristina y a su marido ha perjudicado notablemente la imagen de la Casa Real y desde algunos sectores se atribuyó como una de las causas de la abdicación de Juan Carlos I este año.

Urdangarin y su exsocio Diego Torres se sentarán en el banquillo para responder por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el marido de la infanta presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5.8 millones de euros de fondos públicos.

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