Estudian inhabilitar a 'Lula' para el 2018
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Estudian inhabilitar a 'Lula' para el 2018

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Estudian inhabilitar a 'Lula' para el 2018

La oposición pide independencia al poder judicial y policial para investigar a Luiz Inácio Lula da Silva, mientras sus defensores denuncian un intento golpista para impedirle que se presente a los comicios presidenciales de 2018.

Agencias
08/03/2016

BRASILIA.- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, volvió a criticar la acción policial contra su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva para llevarlo a declarar por su eventual implicación en la trama de corrupción en Petrobras, y acusó a la oposición de exacerbar la crisis en el país.

En un acto público en el estado de Río Grande del Sur, dijo que Lula “siempre aceptó” declarar ante las autoridades.

“No tiene sentido llevarlo a prestar declaración si él nunca se ha negado”, afirmó la presidenta, quien el sábado visitó la residencia de Lula.

Rousseff no se pronunció sobre las sospechas de las autoridades de que el exmandatario y su familia se habrían beneficiado de 7.5 millones de dólares en donaciones o en pago de servicios, que según los investigadores sería dinero ilícito procedente de empresas bajo sospecha por la Operación Lava Jato, pero sí criticó el procedimiento judicial para llevarlo a declarar.

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Desde que el viernes la policía federal llevara a Lula de forma “coercitiva” -en un primer instante rechazó ir si no era obligado, pero tras hablar con su abogado fue por su propia voluntad- el país vive un terremoto político y una gran polarización respecto a la figura de uno de los expresidentes más importantes y populares que ha tenido Brasil.

La oposición pide independencia al poder judicial y policial para investigar a Lula, mientras sus defensores denuncian un intento “golpista” para impedirle que se presente a los comicios presidenciales de 2018.

El Ministerio Público Federal, que analiza las declaraciones de Lula formuladas el viernes, dijo que evalúa abrir en su contra una acción civil que le impida ser nuevamente candidato presidencial.

Los fiscales estiman que el exmandatario puede ser imputado por “improbidad administrativa” por haber recibido apoyo económico ilegal de empresas constructoras antes de dejar el gobierno el 31 de diciembre de 2010.

El coordinador del cuerpo de fiscales, Carlos Fernando dos Santos Lima, declaró que existen “indicios” serios sobre la relación de Lula con la organización delictiva que perpetró estafas millonarias contra Petrobras, con la cual adquirió un departamento en la playa de Guarujá y una quinta en Atiabia, dos localidades del interior de Sao Paulo.

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