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Apple, Google y Uber se unen para resistir decreto antimigratorio de Trump

Las restricciones migratorias llevarán a muchas empresas a trasladar sus centros de operaciones fuera de Estados Unidos, dijeron los demandantes, entre los cuales están las compañías más reconocidas de Estados Unidos como Uber, eBay y Netflix.
Agencias
06 febrero 2017 8:11 Última actualización 06 febrero 2017 8:49
Alrededor de un centenar de representantes de diferentes cultos religiosos y activistas acudieron a la protesta para pedir al presidente Barack Obama que detenga inmediatamente las deportaciones, que amplíe alivios migratorios vía decreto y que proteja de

Alrededor de un centenar de representantes de diferentes cultos religiosos y activistas acudieron a la protesta para pedir al presidente Barack Obama que detenga inmediatamente las deportaciones, que amplíe alivios migratorios vía decreto y que proteja debidamente a los menores centroamericanos que llegan a la frontera sur. (Reuters)

WASHINGTON.- Varias empresas de tecnología —entre ellas gigantes como Apple, Google y Facebook— están sumándose a las demandas presentadas contra el gobierno de Donald Trump por prohibir la entrada a Estados Unidos de refugiados y a ciudadanos de países de mayoría musulmana.

Las empresas presentaron el domingo documentos ante un tribunal federal de apelaciones, afirmando que el decreto presidencial les está perjudicando.

En los recursos judiciales, entregados al Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, un total de 97 empresas afirman que el decreto "entorpece la capacidad de las empresas estadounidenses de atraer gran talento; aumenta los costos a las empresas; les dificulta a las empresas estadounidenses competir en el mercado internacional".

Las restricciones migratorias llevarán a muchas empresas a trasladar sus centros de operaciones fuera de Estados Unidos, dijeron los demandantes, entre los cuales están las compañías más reconocidas de Estados Unidos como por ejemplo Uber, eBay y Netflix.







Los demandantes presentaron sus recursos en apoyo a los estados de Washington y Minnesota en sus litigios contra el gobierno. Esos estados han argumentado que las restricciones violan los derechos de la ciudadanía y constituyen discriminación.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito este fin de semana rechazó el pedido del gobierno de derogar la decisión de un juez que ordenó suspender la implementación de la orden ejecutiva.

La orden ejecutiva de Trump estipula que no pueden entrar al país ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen por temores de que entren terroristas. La medida suscitó protestas en aeropuertos de todo el país y generó el caos y la incertidumbre entre miles de extranjeros que trataban de viajar a Estados Unidos.

Trump dice que solo está tratando de proteger a la ciudadanía y que está dentro de su potestad decidir quién puede o no puede entrar al país.

Sin embargo las empresas, en su demanda, afirman que la orden ejecutiva de Trump hará añicos del espíritu emprendedor que caracteriza al empresariado norteamericano.

"Los inmigrantes son los autores de muchos de los más importantes descubrimientos del país y son los fundadores de algunas de las empresas más innovadoras e icónicas", dice el documento. "La experiencia y la energía de la gente que viene a nuestro país en busca de un mejor futuro, para sí mismos y sus familias, para buscar 'El Sueño Americano', es parte intrínseca del tejido social, político y económico de la nación".

VETO EROSIONA SEGURIDAD NACIONAL: EXFUNCIONARIOS


También un grupo de exfuncionarios estadounidenses, incluidos los exsecretarios de Estado, Madeleine Albright y John Kerry, así como el exdirector de la CIA, Leon Panetta, argumentaron en una carta a la corte que el veto erosiona la seguridad nacional del país.

Los procuradores de Washington, Robert Ferguson y de Minnesotta, Lori Swanson, pidieron al tribunal con sede en San Francisco mantener en suspenso el veto para evitar “la separación de familias, afectación a estudiantes y profesores y bloqueo de viajes”.

“Los acusados argumentan que la seguridad nacional requiere estas afectaciones, pero la Corte no debe permitir las violaciones constitucionales sólo con base en la invocación sin fundamento de las preocupaciones de seguridad nacional”, subrayaron.

Su documento fue apoyado con una moción de “Amigos de la Corte” de un grupo de prominentes exfuncionarios de inteligencia y seguridad, que incluyeron además a Susan Rice, exdirectora del Consejo de Seguridad Nacional bajo Barack Obama.

“Todos coincidimos que Estados Unidos enfrenta amenazas reales de redes terroristas y que debe tomar todos los pasos prudentes y efectivos para combatirlos, incluido, el escrutinio apropiado de los visitantes a Estados Unidos”, escribieron.

“Pero vemos la orden ejecutiva como algo que en última instancia erosiona la seguridad nacional de Estados Unidos más que hacernos más seguros”, indicaron.

Argumentaron que la orden ejecutiva podría hacer un daño de largo plazo a los intereses de política exterior de Estados Unidos poniendo en peligro a las tropas y rompiendo las alianzas de seguridad nacional.

Otros de los firmantes fueron el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Michael Hayden y la exprocuradora de Justicia y exsecretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.

El Departamento de Justicia dispone de un plazo que vence a las 06:00 P.M. para presentar sus argumentos antes que la Corte emita su dictamen final sobre los méritos del caso.

Se espera que el caso llegue eventualmente a la Suprema Corte de Justicia, que en este momento dispone sólo de ocho de sus nueve magistrados. En caso de un empate en el máximo tribunal se mantendrá el fallo de la Corte inferior inmediata.

Desde el viernes se restableció el ingreso de viajeros de los siete países en tanto que el Departamento de Estado revirtió la cancelación de visas que fueron revocadas provisionalmente después de la prohibición impuesta por Trump.

Con información de AP y Notimex

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