El Senado de Brasil votó este miércoles a favor de la destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, acusada de violar leyes presupuestarias, en la culminación de un juicio que ha paralizado a la política de la mayor economía latinoamericana por nueve meses.
Votaron a favor de la destitución 61 de los 81 senadores que integran la Cámara. Se requerían dos tercios.
Tras la votación, Dilma Rousseff apelará ante la Corte Suprema, dijo su abogado y exfiscal general, José Eduardo Cardozo, a un periodista.
Cardozo aseguró que la destitución de Rousseff era un golpe parlamentario y que la decisión del Senado ocurre en un día triste para la democracia brasileña.
Rousseff se comprometió a seguir luchando por su país. "En este momento no voy a decirles adiós. Estoy segura de que puedo decir 'hasta pronto'", le dijo a sus seguidores en Brasilia.
"Ellos creen que nos derrotaron, pero se equivocan", dijo.
Minutos después, en otra votación, se decidió no inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos por ocho años.
44 senadores votaron a favor de que Rousseff mantenga sus derechos políticos, 36 en contra y 3 se abstuvieron. Según la Constitución, un presidente destituido puede perder sus derechos políticos por ocho años, lo que le impediría ocupar cualquier puesto en el Gobierno e incluso enseñar en las universidades.
Con la destitución se pone fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que ayudó a sacar a unos 30 millones de brasileños de la pobreza.
Posteriormente el exprimer vicepresidente, Michel Temer, juró como nuevo presidente de Brasil hasta el 31 de diciembre de 2018.
Rousseff, suspendida en mayo a la espera del juicio político en el Senado, está acusada de usar dinero de bancos estatales para aumentar el gasto durante el 2014.
La mandataria dice que el dinero no tuvo impacto en los niveles generales de déficit y que fue devuelto por completo al año siguiente.
En el testimonio que ofreció el lunes ante el Senado, Rousseff negó las acusaciones en su contra y dijo que el proceso de destitución pretende proteger los intereses de la élite económica del país más grande de América Latina.
Pero la legisladora Janaina Paschoal, autora del pedido de juicio político contra Rousseff, dijo el martes a la Cámara alta al cerrar su exposición que el proceso no es solamente por "cuestiones contables" y se trata también del daño que el gobierno de la líder izquierdista le hizo al país.
"El mundo debe saber que no estamos votando únicamente sobre cuestiones contables", dijo Paschoal, argumentando que los presuntos delitos presupuestarios de Rousseff contribuyeron a una fuerte desaceleración en la mayor economía de América Latina.
Una profunda recesión que muchos brasileños le achacan a su Gobierno y un gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras minaron la popularidad de Rousseff desde que fue reelecta.
Si bien no todos los senadores están de acuerdo sobre los méritos de la acusación contra Rousseff, muchos concuerdan en que no puede seguir gobernando al país.
El martes, por segunda noche consecutiva, los partidarios de Rousseff marcharon por el centro de Sao Paulo para manifestarse en contra su destitución y se enfrentaron con la policía antidisturbios, que empleó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
Con información de AP y Reuters
1
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/BVG3JSNZ4YEOBLYOKPB2G3G2OI.jpg)
placeholder