SAO PAULO.- Cientos de miles de brasileños, al menos 265 mil según los organizadores en las redes sociales, tomaron las calles de 152 ciudades y poblaciones en 16 estados para exigir la renuncia o la destitución legislativa de la presidenta Dilma Rousseff, así como para protestar en general contra su gobierno, hundido por el escándalo de corrupción en la firma pública Petrobras que no parece tocar fondo.
En un clima festivo, sobre todo en Río de Janeiro, donde hubo incidentes de violencia entre manifestantes y seguidores del gobierno, la gente enfocó su malestar en Rousseff, pero también contra algunos de los involucrados en el caso, como José Dirceu, exministro de Casa Civil (Gobernación), Joao Vacari Netto (extesorero del oficialista Partido de los Trabajadores) y Nestor Cerveró, extitular de Relaciones Internacionales de Petrobras, igual que contra el expresidente y mentor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, bajo indagación por tráfico de influencias.
En contraste, dio su respaldo al juez Sérgio Moro, que encabeza las averiguaciones de la operación Lava Jato (Lavado de Auto), y pidieron al Tribunal de Cuentas de la Unión que repruebe los informes financieros de la campaña electoral de Rousseff en 2014, lo que podría conducirla al impeachment.
Tanto en Río como en Porto Alegre, algunos pidieron una intervención militar y la restauración de la monarquía, lo que sorprendió a los turistas, especialmente latinoamericanos, de visita en la "ciudad maravillosa", al tiempo que el diario O Globo destacó que solo 27 por ciento de los delitos de corrupción investigados llegan hasta una denuncia formal contra los implicados, siguiendo la tendencia de otros ilícitos en el país.
Según la agencia encuestadora Datafolha, en Sao Paulo la protesta congregó a 135 mil personas, cifra mayor a la de las movilizaciones del 12 de abril ––100 mil–– pero menor a la registrada el 15 de marzo, cuando se alcanzó 210 mil personas, lo que hablaría, en el "termómetro social" de que Rousseff tiene cierto "oxígeno" para continuar al frente cuando su popularidad, de ocho por ciento, toca mínimos históricos, similares a los del presidente Fernando Collor de Mello, quien renunció en 1992 para evitar el proceso ante el Legislativo.
Con el país al borde de la recesión y en camino hacia los juegos olímpicos de 2016, que podrían detonar nuevas manifestaciones como las que acompañaron a la Copa Mundial de 2014, la consultoría Eurasia Group indicó que el mayor riesgo para Rousseff es que el movimiento sindical decida salir a la calle junto a los inconformes.