Los resultados de las elecciones estatales el pasado 5 de junio causaron una verdadera conmoción, no solamente en el principal partido perdedor (el PRI), sino a través de toda la sociedad mexicana, que no esperaba resultados tan contundentes.
Estos resultados son especialmente relevantes para las entidades que nunca habían tenido alternancia, siempre habían sido gobernadas por candidatos del PRI, como son Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, asì como para aquellos en que el PRI tuvo que entregar el poder, como Aguascalientes y Chihuahua.
Se han ofrecido diversas explicaciones para este fenómeno, que van desde las tradicionales, como la falta de claridad en las campañas, el voto de castigo por las malas condiciones en que se encontraban los estados y algunas menos ortodoxas, como el supuesto castigo divino por la reciente aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, por el régimen que encabeza Enrique Peña Nieto.
Una teoría reciente sobre el comportamiento del electorado es el llamado Ciclo Político Económico (CPE), que establece que los ciudadanos reaccionan ante la situación económica para emitir su voto.
Si la economía se encuentra bien, los votantes tienden a premiar al partido en el poder, votando por él, pero si se encuentra mal, tienden a castigarlo, votando por la oposición. Si esto es así, y los gobernantes lo saben, tiene un poderoso incentivo para "mejorar" la economía en tiempos electorales, aunque sea de una manera temporal y transitoria.
Existen varias maneras de hacerlo, una de las principales es manejar al gasto público de manera oportunista; es decir, aumentar el gasto en tiempos electorales, en especial el "gasto visible", que es aquel directamente perceptible a los ojos del electorado.
Uno de los postulados de la teoría del CPE en países como el nuestro, es que los electores forman sus expectativas de manera retrospectiva y miope; es decir, que califican a sus gobernantes por lo que hicieron en el pasado, en especial a lo que hicieron en los últimos meses previos al periodo electoral.
Por eso se observan en tiempos electorales medidas como la inauguración de obras públicas, subsidios a diversos servicios, empleos temporales y el otorgamiento gratuito de despensas familiares, útiles escolares y otros objetos de consumo.
Desafortunadamente, todavía no se encuentran disponibles las cifras correspondientes al gasto público estatal para 2015, pero podemos examinar la información relativa a la actividad económica y otros indicadores disponibles para el pasado reciente.
Uno de los indicadores principales de la actividad económica a nivel estatal es el Indicador Trimestral de la Actividad Econòmica Estatal (IGAEE), que elabora y da a conocer el INEGI.
El ITAEE del estado de Veracruz correspondiente al último trimestre de 2015 registrò una variación negativa de (-2.3) por ciento, mientras que Durango y Tamaulipas mostraron tasas de 0.5 y 2.4 por ciento, respectivamente, inferiores al promedio nacional (2.5 por ciento). El ITAEE de Quintana Roo, Chihuahua y Aguascalientes registraron crecimientos superiores al promedio nacional en el periodo.
El ITAEE de Veracruz y Durango fue desfavorablemente afectado por el sector secundario, que incluye las manufacturas, minería y construcción. Este indicador registrò tasas negativas de (-9-0) y (-2.0) en Veracruz y Durango.
Un comportamiento contrastante se observò en el sector comercial. En cinco de las seis entidades en las que perdió el PRI, las ventas al menudeo registraron tasas de crecimiento de dos dígitos en los primeros tres meses del año, destacando el caso de Durango, con un crecimiento de 42.0 por ciento en el primer trimestre de 2016.
Esto puede deberse a los efectos expansivos de los propios procesos electorales y el aumento del gasto que esto significa.
Sin embargo, no son solamente los datos duros sobre las economías estatales los que influyen en la decisión de los votantes, sino también la percepciòn de los mismos por parte de los ciudadanos.
Afortunadamente, ya existen estadísticas confiables sobre la percepción y evaluación de los ciudadanos de aspectos como la provisiòn de servicios, la experiencia en los tràmites en las oficinas de gobierno, la inseguridad y la corrupción, mismas de las que estaremos hablando en una entrega posterior.
* Cesáreo Gámez es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.
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