Monterrey

Suspensión en amparo vs reglamentos de tránsito de Nuevo León; un análisis.

OPINIÓN. Las solicitudes de suspensión, sometidas al escrutinio de los Jueces de Distrito especializados en materia Administrativa, fueron negadas, porque, a criterio de estas autoridades judiciales, “… se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público”.
AURA
FISCAL

CÉSAR
AGUILAR
HERNÁNDEZ
22 agosto 2016 10:1 Última actualización 22 agosto 2016 10:7
César Aguilar Hernández

César Aguilar Hernández

Distinguidos lectores, al día de la presente columna ya se encuentran en vigor los nuevos reglamentos de Vialidad y Tránsito de los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santiago y Juárez, que representan 4 de los 11 municipios que integran la “Asociación Metropolitana de Alcaldes” (AMA), restando los municipios de San Pedro, Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca, Escobedo, García y Cadereyta, haciendo especial mención que el día de hoy, el edil de San Nicolás de los Garza y Secretario Técnico de AMA, juntamente con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y miembros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), anunciaron avances en los acuerdos que modificaran horarios de circulación para el trasporte de carga pesada, lo que implica la emisión de un nuevo reglamento, que se estima ocurra, según se anunció, en el mes de septiembre, cuando probablemente sea aprobado por la totalidad de los integrantes de AMA.

No obstante lo anterior, al día de hoy se encuentran en vigor los reglamentos citados, por lo que ciertas empresas y personas físicas, dedicadas a la prestación del servicio de carga, promovieron amparos contra los mencionados reglamentos de vialidad.

Dentro de los amparos en comento, se formalizaron por parte de los afectados, solicitudes de suspensión de los actos reclamados, para los efectos de que no se afectara al parque vehicular de los quejosos y, se les permitiera circular sin restricciones de horarios arguyendo diversas razones jurídicas.

Las solicitudes de suspensión, sometidas al escrutinio de los Jueces de Distrito especializados en materia Administrativa, fueron negadas, porque, a criterio de estas autoridades judiciales, “… se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público”, mencionado, que el propio reglamento reclamado tildado de inconstitucional por los quejosos, representa un ordenamiento de disposiciones de orden público, razones esenciales por las que acordaron negar las suspensiones de amparo en comento.

No obstante lo anterior, los promoventes del amparo acudieron a los Tribunales Colegiados, donde obtuvieron respuesta favorable a sus reclamos, esto es, obtuvieron la orden de que se suspenda provisionalmente la aplicación de los artículos del reglamento multicitado, particularmente de aquellos que restringen la circulación de los vehículos con los que los quejosos realizan sus actividades laborales consistentes en presentar sus servicios del transporte de carga, en las rutas intermunicipales de la ciudad de Monterrey, sin aplicar limitaciones, ni restricciones, permisos y los costos de éstos.

Gentiles lectores, el argumento toral, para que los Tribunales Colegiados concedieran la suspensión, lo apoyaron en el hecho de que de no concederla se violentarías Leyes como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Transporte y Movilidad y Ley de Desarrollo Urbano, esta 2 últimas del Estado de Nuevo León, leyes que persiguen el mismo objetivo de orden público y que serían inobservadas por las autoridades responsables, de no concederse la suspensión provisional solicitada.

* El autor es consultor en Derecho Fiscal en AH Abogados.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
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