Monterrey

Revive la Corte el tema del salario tope en materia de pensiones

OPINIÓN. Cuando esta nueva Jurisprudencia hace mención explícita a la anterior Jurisprudencia de 2010, y señala que debe ser aplicada, en ninguna parte se hace alusión a las notas “aclaratorias” que definen el alcance de la anterior Jurisprudencia, y esto es precisamente lo preocupante.
COMENTARIO
ECONÓMICO

MARCO A.
PÉREZ
VALTIER
30 marzo 2016 9:40 Última actualización 30 marzo 2016 9:56
Marco A. Pérez Valtier

Marco A. Pérez Valtier

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el pasado viernes 19 de febrero una nueva Contradicción de Tesis, con carácter de Jurisprudencia, con relación a una controversia sobre el monto máximo que deben tener las pensiones de Vejez y de Cesantía en Edad Avanzada, de los asegurados que optan por pensionarse bajo los beneficios de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de Junio de 1997.

La problemática del salario tope se suscita porque al entrar en vigor la nueva Ley del Seguro Social y se crean las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), la rama de seguro que tutelaba estas pensiones en el IMSS, la de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM) establecía que el tope de las pensiones era de 10 salarios mínimos del Distrito Federal, y por supuesto, las cotizaciones a esta rama de seguro estaban topadas también en 10 salarios mínimos, a diferencia de las otras ramas de seguro donde el salario tope de cotización se establecía en 25 salarios mínimos.

Sin embargo, a partir de esta reforma de julio de 1997, se legisló un incremento en este tope de 10 salarios mínimos para la nueva rama de seguro de pensiones, denominada ahora de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) para incrementar el tope de cotización, de manera inmediata, de 10 a 15 salarios mínimos, para posteriormente acusar un incremento gradual de un punto anual que elevó el nuevo tope de cotización a 25 salarios mínimos en el año 2007.

Como la nueva Ley del Seguro Social estableció el beneficio para quienes hayan cotizado bajo la Ley derogada, que podrían optar por pensionarse bajo los beneficios de la vieja Ley, las pensiones se calculaban utilizando el tope salarial de 25 mínimos.

Sin embargo, si atendemos a los términos en los que estaba redactada la vieja Ley, vigente hasta el 30 de Junio de 1997, las pensiones tenían, en efecto, un tope de 10 salarios mínimos, pero la cotización también, por lo que al incrementarse posteriormente el salario de cotización a 25 mínimos, lo justo es que el tope de las pensiones se ajustara también a este monto máximo.

En el año 2010, la Corte ya había resuelto una contradicción de tesis en esta materia, y estableció que el tope debe ser de 10 salarios mínimos y no de 25, como se ha venido haciendo, a pesar de que los derechohabientes hayan cotizado con tope de 25 salarios mínimos. Sin embargo, mediante comunicados de prensa de la propia Corte, así como del Seguro Social, se aclaró que esta Jurisprudencia no era aplicable a trabajadores que se encontraran en transición, es decir, aquellos que tenían derecho a optar por la Ley derogada de 1973.

Si bien esta nueva Jurisprudencia se suscita por unas controversias laborales, y atiende a un principio jurídico específico, de si debe o no excepcionarse el IMSS de invocar determinado artículo de la Ley, el asunto es que también analiza el tema del salario tope que se debe aplicar para el cálculo de las pensiones, y determina, de nuevo, que éste debe ser de 10 salarios mínimos y no de 25.

El asunto es que aún y cuando esta nueva Jurisprudencia hace mención explícita a la anterior Jurisprudencia de 2010, y señala que debe ser aplicada, en ninguna parte se hace alusión a las notas “aclaratorias” que definen el alcance de la anterior Jurisprudencia, y esto es precisamente lo preocupante.

Es decir, se “revive” este tema del salario tope en materia de pensiones, y el asunto es preocupante, más que todo, para quienes aún no tramitan su jubilación bajo los beneficios de la Ley de 1973.

* El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.