Para evitar que a la hora de promover la inversión en el estado se propicien actos de corrupción o se otorguen incentivos desmedidos a los inversionistas, la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC), propuso reformas a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León.
Dicha propuesta contempla la modificación de los artículos sexto y décimo octavo de dicha legislación, con lo cual se busca que los miembros del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, que incluye a ocho miembros del sector público y ocho del sector privado, tengan peso en las decisiones del organismo a través de su voto.
"(Se busca) igualar los derechos con los que gozan los miembros del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, en aras de lograr un mejor ejercicio de debate y con ello se tomen mejores decisiones por el referido Consejo", explica la exposición de motivos del documento firmado por el diputado Samuel García y la legisladora Concepción Landa.
La propuesta de reforma señala también que para evitar incentivos desmedidos, como los otorgados a KIA que alcanzan el 28 por ciento de la intención de inversión de la empresa, todos estos se sujetarán a un límite de disponibilidad presupuestal.
"A el o los inversionistas a quienes se les haya otorgado un incentivo, el cual aún este en proceso de cumplimiento, podrán solicitar otro incentivo con motivo de una nueva inversión que represente un monto similar o superior al que ya efectuaron", se agrega en la propuesta de reforma.
Añade que los incentivos no podrán ser mayores al 5 por ciento del valor total del monto de inversión de la empresa.
Esto debido a que la legislación actualmente contempla a estos incentivos "medianamente topados por la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León, la forma no es la indicada, ya que en el reglamento del referido cuerpo normativo, se establece que se puedan dar posible excepción a los topes y porcentaje de incentivo que el Estado puede otorgar".
El documento explica que como consecuencia del planteamiento actual de la Ley, es que en el caso de KIA se dieron irregularidades.
"Dicha situación robustece la imperiosa necesidad de que las voces de la iniciativa privada, miembros del referido consejo, se encuentren en igualdad de condiciones, a las voces públicas que ahí se encuentran, en aras de evitar posibles actos de corrupción, tal y como aconteció, con los ventajosos incentivos otorgados por el ejecutivo anterior a la empresa KIA".
"Se suscitaron en gran medida gracias a la secrecía con la que se dio la negociación con la que se logró captar esta inversión extranjera en el Estado y es por eso que esta iniciativa busca darle fuerza al sector privado y académico de nuestro Estado", añade.
Monterrey