El sector informal representa uno de los grandes temas en el análisis económico de la pobreza y el desarrollo, en particular para los países de América Latina y México. Sin embargo, como es de esperarse en los complicados temas sociales que involucran la interacción de múltiples incentivos y mercados, entenderlo es complejo y requiere de estudios multidisciplinarios e información en muchas capas que van más allá del entorno laboral.
Y es que, siendo uno de los temas que más importantes de investigación en la economía laboral, las preguntas básicas de su definición, origen, tamaño, e importancia, siguen abiertas y esperando, además de respuestas claras, políticas públicas razonables e inclusivas que no se enfoquen en aumentar la recaudación fiscal.
Para empezar, la comparación métrica del sector informal entre países constituye un reto, ya que de acuerdo a estudios especializados en el tema (ver por ejemplo Chapa et al, 2007) su definición difiere entre países, aún entre miembros de la OCDE, donde se mencionan de manera indistinta además de "informalidad" términos como "economía subterránea", "economía oculta", y "economía paralela", entre otros.
Para el caso de México, la definición aceptada comúnmente para medir este fenómeno a partir de las Encuestas de Empleo y Ocupaciones de INEGI, involucra el estudio de trabajadores en empresas muy pequeñas y sin prestaciones sociales establecidas por la ley (seguro médico obligatorio e INFONAVIT, por ejemplo), y que por tanto, indirectamente se infiere no contribuyen al pago de impuestos. Por tanto, el grupo de población que reúne las siguientes características es altamente diverso, e involucra desde los pequeños cuentapropistas (autoempleados que se desempeñan en sus respectivas profesiones), comercio callejero, empleo en condiciones precarias, hasta las actividades ilícitas del crimen. Es justamente por lo anterior, que el tema de la informalidad se vuelve complejo, pues no sólo concierte al estudio de salarios e impuestos en el mercado de trabajo, sino también a todos los mecanismos de inclusión y promoción social, o la falta de ellos.
Una manera simplista de ver el sector informal es tratar de enmarcarlo como un depósito de fuerza laboral excluida, rezagada, y segmentada del sector económico productivo: nada más alejado de lo que uno observa en lo cotidiano. La informalidad vive, convive, y algunos casos desafortunados es parásito, de las actividades productivas formales. Si no es así, ¿cómo catalogar como segmentado en el mismo grupo de estudio al changarro que ha permitido que los hijos de su dueña hayan terminado estudios que al crimen organizado? ¿Qué tratamiento dar a los taxistas o a los médicos privados que ejercen su profesión? ¿Cómo evaluar las alternativas productivas que enfrentan los jóvenes quienes requieren de un trabajo de tiempo parcial para estudiar?
Un primer paso es definir y distinguir la diversidad de este sector, y separar las actividades productivas de aquellas ilegales. Mientras que las actividades productivas, como los denominados changarros, son medios que requieren acompañamiento, financiamiento, y orientación, las actividades ilegales deben ser atendidas de manera urgente con políticas públicas que eviten su expansión.
Un segundo paso es aceptar que por más limitados que sean los recursos y las oportunidades de quienes pertenecen a este sector, es fundamental entender la racionalidad detrás de la decisión de inclusión en la informalidad. Y es que de ninguna manera resulta equivalente pensar que la informalidad en su concepción de crimen (particularmente, en entornos precarios y con un alto componente presión social) obedece a los mismos criterios que a la selección de un trabajo en función de salarios y retornos a la educación; sin embargo, es necesario comenzar por entender el segundo fenómeno para promover a través del crecimiento en la productividad, el retorno a la educación en todos los trabajos formales, mejorando así el salario percibido y los incentivos a la acumulación de capital humano.
Es fundamental dejar de encasillar la informalidad como un problema de pago de impuestos y recaudación fiscal, ya que esta visión conduce a políticas públicas ineficientes.
El tema no parece agotarse en el corto plazo, y conforme el crimen y la corrupción permean , su estudio se vuelve fundamental para comprender los distintos mecanismos económicos a través de los cuales la educación, el trabajo honrado, y el emprendimiento se convierten de nuevo en los ejes clave para promover la movilidad social y el desarrollo de largo plazo de nuestro país.
* Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.