En repetidas ocasiones he comentado acerca de la responsabilidad que tienen los diferentes niveles de gobierno de mantener un alto nivel de ingresos: esto incluye realizar las gestiones necesarias para bajar recursos de los niveles superiores, incentivar a los contribuyentes para que cumplan con su obligación de pago e implementar los impuestos necesarios para ofrecer servicios de calidad. Para lograr satisfacer la necesidad de servicios públicos de la población, los gobiernos no solo deben de administrar eficientemente los recursos con los que cuentan, también son responsables de realizar las acciones necesarias para mantener una tendencia creciente de ingresos que permita brindar mayores y mejores servicios a la sociedad.
Para los gobiernos no es fácil implementar nuevos impuestos, en la administración pública constantemente se tiene la disyuntiva que para satisfacer las necesidades de servicios públicos se requiere una mayor carga impositiva. Lo anterior ha llevado a la administración pública a implementar gravámenes que ocasionen el menor efecto negativo para la sociedad. En este sentido, existen impuestos que están enfocados a moldear el comportamiento de las personas o empresas, los cuales buscan evitar o disminuir las acciones que generan externalidades negativas o bien, que quienes las realizan asuman el costo. En economía, este tipo de impuestos son conocidos como pigouvianos.
Como ejemplo de impuestos pigouvianos tenemos los impuestos ambientales, los cuales son aplicados principalmente a las empresas que contaminan o causan un daño al ecosistema. Cuando un gobierno implementa un impuesto de este tipo los efectos pueden ir desde la disminución parcial de la actividad contaminante hasta su eliminación total, dependiendo de la tasa de impuesto aplicada. El impuesto debe de ser proporcional al daño que se cause al medio ambiente, de esta forma el gobierno puede utilizar los ingresos que percibe por este concepto para revertir el daño causado al ecosistema.
Los impuestos ambientales son muy conocidos en los países de alto desarrollo económico, ya que es en estas naciones donde se presentan los mayores impactos ambientales. En nuestro país, estos impuestos pueden ser de gran ayuda para los estados, tanto para incrementar la recaudación como para disminuir el impacto ecológico. Sin embargo, la existencia de impuestos ambientales afecta en la decisión de una empresa para establecerse o permanecer en un estado. Lo anterior ha desincentivado a las entidades federativas de implementar este tipo de impuestos.
Los gobiernos estatales están enfrentando una difícil situación económica, en la cual los ingresos no son suficientes para atender las necesidades de servicios públicos de la población. Si una de las alternativas para incrementar los recursos del gobierno es aplicar nuevos impuestos, la primera opción que se debe de analizar son aquellos gravámenes que están dirigidos a que quienes causan una externalidad negativa asuman el costo.
* EL autor es abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y Maestro en Derecho Financiero Internacional por Boston University. Su carrera profesional se ha enfocado al ámbito financiero y legal, ocupando puestos en diferentes entidades públicas.
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