Una característica distintiva de la narrativa de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue la necesidad de construir un Estado eficaz con una democracia que generara resultados tangibles a los diferentes sectores de nuestra sociedad.
Las expectativas que levantó el entonces presidente electo se consolidaron cuando anunció la construcción de un mecanismo de diálogo que facilitaría alcanzar acuerdos fundamentales para lograr las mayorías parlamentarias que le permitieran a México diseñar y aprobar una serie de reformas que, siguiendo la narrativa; generarían las condiciones óptimas para que los mexicanos disfrutar de una mejor calidad de vida.
Hoy, a cuatro años de "mover a México", la aprobación del desempeño del Presidente Enrique Peña Nieto no solamente va deteriorándose, sino que los ciudadanos no han logrado experimentar los beneficios de las once reformas estructurales. Desde el 2014, el sentimiento de insatisfacción social se ha traducido en innumerables manifestaciones en contra de un amplio abanico de razones que van desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los casos emblemáticos de corrupción como la "Casa Blanca", hasta las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa.
De acuerdo con el Índice de Disturbios Civiles de Maplecroft; México se encuentra en la posición número 7 de los países con el mayor número de manifestaciones de la sociedad y como uno de los Estados que no cuentan con instituciones lo suficientemente sólidas para evitar el crecimiento de estos movimientos, lo que puede generar un fuerte impacto a las empresas y que se traducen en pérdidas económicas.
Por supuesto, Nuevo León no ha sido la excepción y durante varias semanas las manifestaciones de los maestros tomaron las calles de Monterrey y su área metropolitana; incrementado los retos de movilidad que enfrentan los neoloneses. Y aunque no se han cuantificado los daños, es evidente que las empresas de autotransporte, logística y por supuesto, los ciudadanos; invirtieron un mayor tiempo para movilizarse.
Como ha señalado Luis Carlos Ugalde, la alternancia democrática se ha caracterizado por su capacidad para genera una mayor pluralidad, pero dejando a un lado la construcción de instituciones que fortalezcan el Estado de Derecho. Aunado a esto, un gran número de nuestros actores políticos carecen de una cultura enfocada en la búsqueda de consensos y en la construcción de acuerdos entre los diferentes sectores de la sociedad para evitar conflictos que terminen en las calles.
Sin Estado de Derecho, nuestra democracia puede ser truncada por las mismas élites políticas que han privilegiado el pacto de impunidad.
Los ciudadanos nos hemos acostumbrado al enfrentamiento político que lleva a la parálisis; al atrincheramiento de los partidos en sus cotos de poder y a la incapacidad de los políticos profesionales de diseñar instituciones que generen soluciones a las principales demandas de la ciudadanía.
No solamente debe existir un consenso para lograr reformas estructurales entre las élites políticas; es urgente que los políticos profesionales muestren empatía ante las carencias y demandas ciudadanas para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa con un fuerte Estado de Derecho.
La responsabilidad ciudadana de elegir a Rodríguez Calderón no concluyó el mismo 7 de junio del 2015; solo fue el inicio de una etapa en la que los ciudadanos tenemos que demandar el diseño conjunto de procesos eficientes para solucionar los retos de nuestra entidad.
* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor político de la firma internacional Global Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.
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