Monterrey

El desafío de un retiro digno: primera parte

OPINIÓN. México inició la reforma a su sistema de pensiones al reconocer que el sistema vigente era insolvente: los beneficios otorgados por el IMSS habían crecido muy por encima de las cuotas pagados por los afiliados y se mantienen actualmente para los que tienen la opción de jubilarse por la Ley del Seguro Social de 1973.
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MONTERREY
27 junio 2016 10:18 Última actualización 27 junio 2016 10:21
Harmen Simons

Harmen Simons

En muchos países los riesgos relacionados con un retiro digno están aumentando. Entre las razones más escuchadas, se mencionan los incrementos en la esperanza de vida promedia, aumentos en el nivel—y cambios en la composición—de los gastos médicos y las reformas en los sistemas de seguridad social, en particular los sistemas de pensiones.

Veamos dichas razones en mayor detalle. Es un hecho que, en casi todo el mundo, la proporción de la población mayor a 60 años está creciendo a una tasa muy superior a la que crece su población total.
Este fenómeno de “envejecimiento de la población,” se debe a la combinación de una disminución en las tasas de natalidad y una esperanza de vida en ascenso. Dicho envejecimiento ejerce una presión fuerte sobre los sistemas tradicionales de seguridad social como, por ejemplo, las familias extendidas – comunes en muchos países en vías de desarrollo – que ya se encuentran debilitadas por procesos como la urbanización, la industrialización y la mayor movilidad geográfica.

A la mencionada “transición demográfica”, es decir, el paso de un contexto caracterizado por altos niveles de mortalidad y fecundidad no-controlada, a otros bajos y controlados, le acompaña una “transición epidemiológica”, o sea, el proceso de cambio gradual de las enfermedades infecciosas como principal causa de muerte hacia las enfermedades crónicas y degenerativas, más propias de una población envejecida. Consecuentemente, así va el argumento, no solo aumenta la “razón de dependencia” o el cociente de la población inactiva entre la población económicamente activa, sino una población envejecida también demanda más servicios de salud y de mayor complejidad y costo. La presión que esto ejerce sobre las finanzas públicas y los sistemas de seguridad social aumenta el riesgo para las personas de alcanzar un retiro digno.

Sin embargo, ambas transiciones son procesos lentos y previsibles lo cual permite prepararse con anticipación. Es más, la falta de sincronía entre el descenso de las tasas de mortalidad y el posterior descenso en las tasas de natalidad, propicia un período de rápido crecimiento de la población. Cuando finalmente bajan las tasas de natalidad, la famosa pirámide de edades experimenta un gradual estrechamiento de su base mientras las numerosas cohortes se mueven hacia las edades económicamente activas. En tales condiciones, la razón de dependencia alcanza un mínimo histórico lo cual, a su vez, abre una ventana de oportunidad de ahorro e inversión. Este “bono” demográfico, puede contribuir a detonar el potencial crecimiento del país. En México, por ejemplo, se estima que el bono demográfico durará unos 15 a 20 años más.

Idealmente, el país se prepara invirtiendo en servicios sociales y médicos (geriátricas) para poder atender de una forma digna a la creciente ola de adultos mayores que sabemos perfectamente que está llegando. ¿Es realista esperar que los gobernantes logren vencer las presiones políticas de corto plazo y que establezcan las bases de un sistema cuyos beneficios trasciendan su gestión? ¿Qué nos enseñan las reformas implementadas por muchos países en los sistemas de seguridad social? Para responder, me voy a limitar al sistema de pensiones para los afiliados al IMSS y la reforma implementada en México en los 90. México inició la reforma a su sistema de pensiones al reconocer que el sistema vigente era insolvente: los beneficios otorgados por el IMSS habían crecido muy por encima de las cuotas pagados por los afiliados y se mantienen actualmente para los que tienen la opción de jubilarse por la Ley del Seguro Social de 1973.

Para rescatar las finanzas públicas—que iban a cargar con el costo de la quiebra—se creó un nuevo sistema de jubilación basado en el ahorro individual lo cual entró en operación en 1997. Dicha reforma fue financiada en gran parte por los propios contribuyentes, y sus patrones, a través de las elevadas comisiones que cobraban las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en los primeros 15 años del sistema.
Es más, se privilegió—por mucho—la sostenibilidad del nuevo sistema por encima de la suficiencia de las pensiones de las futuras generaciones quienes cargarán con mayores riesgos para los que están poco preparados. Más sobre este último punto en la siguiente semana.

* El autor es profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Su correo es hsimons@itesm.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.