El que el gobierno actual cumpla con el acuerdo o agreement firmado por la anterior administración estatal y la armadora Kia, sería un delito, ya que éste no siguió las formas que marca la ley estatal, por lo que es considerado como no legal, ni vinculante, dijo Fernando Turner Dávila, Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León.
"El agreement firmado en idioma inglés, sin seguir las formas correspondientes de lo que marca la ley y sin establecer condiciones para la empresa receptora, no es legal, ni vinculante, según nuestro departamento legal sería un delito si la presente administración lo ejecuta en su contenido", señaló Turner.
Agregó que "es válida nuestra negociación legal y equitativa del paquete de incentivos y de las obligaciones de la empresa, sin violar ningún acuerdo legal y sin perjuicio a la imagen del Estado".
De acuerdo con el departamento legal de la Sedec, entre los acuerdos firmados entre el gobierno anterior y la armadora principalmente está la limitación al cien por ciento del valor del Impuesto Sobre Nómina (ISN) de dicho gravamen por 20 años, sin embargo, la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo del Estado la limita al 95 por ciento del valor y por un periodo de cinco años.
Lo anterior, señala, obligaría al Estado a enviar una iniciativa de reforma al Congreso para poder cumplirle a la armadora uno de los puntos más críticos de los compromisos estatales.
Turner Dávila enumeró una serie de obligaciones obtenidas mediante el acuerdo firmado, entre ellas: la donación del terreno, la reubicación de un gasoducto vivo (de Kinder Morgan), la nivelación de la plataforma, las conexiones de agua potable e industrial, además de las de drenaje sanitario y pluvial.
También señaló que el gobierno anterior se comprometió a la instalación de plantas de tratamiento industrial y residual, a realizar la conexión de energía eléctrica, gas natural y al servicio de telecomunicaciones.
Adicionalmente existe el compromiso de construir un tanque elevado, espuelas de ferrocarril, carreteras y puentes, oficinas temporales, estación de bomberos, becas de capacitación e idiomas, el apoyo en trámites y procesamientos y la realización de una ceremonia de inauguración de la planta.
También existe la obligación de la exención de Impuesto Sobre la Renta por adquisición de activos y la dispensa por un periodo de cinco años de impuestos municipales.
Mencionó que el acuerdo tiene una cláusula de confidencialidad inválida, omite compromisos que la empresa asume, incluye incentivos prohibidos o no autorizados por las leyes, por el comité de inversiones, o pactadas legalmente; ampara a proveedores extranjeros de la empresa, entre otras 28 cláusulas.
Monterrey