MONTERREY.- La Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León demandaron implementar en México un sistema anticorrupción como el de Brasil, sobre todo ante la operación en el país de empresas que han sido prohibidas para obtener contratos con Petrobras.
Seis de las 23 empresas a las que se les prohibió celebrar contratos con el Gobierno brasileño por actos de corrupción vinculados a proyectos con Petrobras, tienen operaciones en México con dependencias como Pemex y CFE.
Las constructoras Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, que tienen a sus principales ejecutivos encarcelados en Brasil por el caso de corrupción en Petrobras, construyeron la Torre Administrativa, que alberga oficinas del gobierno de Nuevo León, obra que se entregó con dos años de retraso y con severos cuestionamientos por el alza en presupuesto que pasó de 900 millones a mil 30 millones de dólares.
José Mario Garza Benavides, director de la Coparmex Nuevo León, y Sandrine Molinard, directora del Ccinlac, señalaron que México debe tomar en cuenta estas experiencias de Brasil para frenar actos de corrupción.
"Tanto la administración de Natividad González Parás como la de Rodrigo Medina se han caracterizado por la opacidad en este tipo de obras", indicó el director de la Coparmex Nuevo León, en referencia a la Torre Administrativa.
Criticó, además, que no se ha cumplido con el propósito para el que fue construida esta torre, que era dejar de rentar oficinas y con esto generar ahorros, mismos que no se han logrado ni traducido en los presupuestos de la actual administración.
"Esto nos demuestra la urgencia de contar con un sistema anticorrupción, tanto en el país como en los estados", opinó Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León.
Comentó que este es un tema que trae en su agenda el Ccinlac desde hace varios años.
"Inclusive, desde años atrás se hizo un cuestionamiento fuerte sobre el tema de la Torre Administrativa. En ese entonces estaba Othón Ruiz Montemayor como encargado de este proyecto estratégico y con él se habían estado revisando documentos y nunca llegamos a ninguna conclusión sobre este caso".
La directora del Ccinlac mencionó que el contrato tenía poca claridad, especialmente en lo que respecta a los beneficios para el Estado.
Agregó que países como Inglaterra tienen leyes muy estrictas para castigar a sus empresas que participen en acciones fraudulentas en otros países.
"Probablemente hay buenas prácticas en Brasil que podamos replicar aquí para encontrar fallas en el sector privado, porque a veces cuando hablamos de corrupción pensamos que solamente se tiene que castigar a funcionarios públicos, pero la corrupción también ocurre en el sector privado".