La tarde de ayer, el Poder Judicial de la Federación en el Estado de Nuevo León, por conducto del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, concedió la suspensión provisional al ex gobernador Rodrigo Medina en su calidad de quejoso, medio constitucional en el cual reclama actos de diversas autoridades del propio organismo.
Lo anterior se desprende de la página de la Dirección General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación e implica que no sea obligado por medio de la fuerza pública a comparecer ante el juez de control del Estado, ni privado, ni restringido de su libertad.
De acuerdo con la información del organismo, el amparo fue concedido por José Francisco Domínguez Torres, secretario del juzgado referido.
Al exgobernador se le fijó una fianza de 5 mil pesos, la cual tiene cinco días para cubrir, de lo contrario el amparo quedaría sin efecto.
Fuentes allegadas al asesor legal y vocero de la Fiscalía Anticorrupción, Aldo Fasci, señalaron que alrededor de la 9 de la noche la Fiscalía, la parte acusadora, recibió la notificación del amparo provisional de Rodrígo Medina, aunque aclaró que la audiencia sigue en pie.
"Lo lógico es que Medina no asista pero la audiencia seguirá su curso" destacó.
Un abogado que pidió omitir su nombre, señaló que "en un momento determinado la audiencia se va a llevar acabo, si no está él se va a decir que no compareció, pero se va a levantar la constancia.
"El acta de la audiencia la tiene que levantar el juez y ahí tiene que citar si compareció Medina o no", agregó.
"Los efectos de la suspensión no es propiamente suspender el procedimiento, porque éste es de orden público, son cosas muy diferentes", indicó.
Rodrigo Medina está citado para el día de hoy para comparecer ante un juez de control, para responder a tres presuntos delitos relacionados con la llegada de la armadora KIA Motors a la entidad.
Su audiencia ocurre después de que el pasado martes acudiera el ex tesorero de su administración, Rodolfo Gómez Acosta, quien fue vinculado a proceso por tres delitos: peculado, uso indebido de funciones y delito patrimonial, por los cuales puede ser penado con 12 años por cada uno.
En el caso del Medina, ha trascendido que los delitos por los cuáles es citado son peculado, ejercicio indebido de funciones y abandono de funciones.
La autoridad señala que existe un quebranto a las finanzas del Estado por un monto de 3 mil 683 millones 504 mil 568 pesos, al ofrecer incentivos y apoyos a KIA sin que la armadora los solicitara.
Al respecto, el diputado local Eugenio Montiel, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local, señaló que espera transparencia en esta audiencia.
Monterrey