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Organización Panamericana de la Salud urge actualizar padrón de motociclistas

El INEGI no cuenta con el dato sobre cuántas motos hay en el Distrito Federal, ni el número de infracciones que cometen. La Ley de Movilidad recién aprobada obliga al gobierno capitalino a elaborar auditorías de movilidad y seguridad vial que analicen la infraestructura e identifiquen las medidas necesarias.
Rafael Montes
06 agosto 2014 23:9 Última actualización 07 agosto 2014 5:0
Motociclistas DF (Édgar López)

El mercado de motocicletas en México superó en 2013 los 3 mil mdd. (Édgar López)

CIUDAD DE MÉXICO. Ante los vacíos de información sobre estadísticas de accidentes y muertes de motociclistas, tanto en México como en América Latina, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y organizaciones civiles urgieron a comenzar un proceso de documentación, registro y seguimiento de los números del tema en el continente.

En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no tiene el dato de cuántas motocicletas había en el DF entre 2010 y 2011 y tampoco el número de infracciones que cometen, pues esa información no la recopila.

Como parte de las recomendaciones de la Fundación Mapfre, en su Informe sobre la Seguridad de los Motociclistas en Latinoamérica, se encuentra la urgente realización de un estudio, con metodología basada en experiencias internacionales previas, sobre la siniestralidad de los motociclistas en la región.

Éste debe considerar la edad de las víctimas y características sociodemográficas, tipo y cilindrada de las motocicletas, uso de casco y otros elementos de protección, localización de los accidentes (ciudad/carretera), distribución diaria, semanal y mensual de la siniestralidad, tipos de accidentes, causas de los accidentes, motivos de los desplazamientos (trabajo, ocio), etcétera.

“Aunque en diversos países de la región sí se dispone de información relativa al número de motociclistas fallecidos desglosado por grupos de edad (Brasil, Chile, Ecuador, México, Puerto Rico y Uruguay), dichos grupos no son homogéneos en las estadísticas a las que se ha tenido acceso para este trabajo, lo que dificulta la labor de comparación internacional. Sería por tanto muy conveniente armonizar los grupos de edad de las víctimas de tráfico en las estadísticas de los diferentes países de la región”, dice el documento.

Al respecto, Monserrat Narváez, líder de la asociación civil México Previene, lamenta que “en México, desafortunadamente carecemos de estudios y estadísticas acerca de cuántos muertos hay en el país por accidentes viales, se dice que son más de 24 mil muertos al año, pero lo que ocurre en México es que en un accidente vial, si una persona muere en el lugar, esa persona entra en la estadística, pero si la persona es llevada al hospital, ya no se da seguimiento a lo que pasa con esa persona”.

Desde 2009, la OPS ha reiterado que es urgente “favorecer el establecimiento de políticas que permitan el registro de información necesaria para documentar lo que está ocurriendo con los actores vulnerables en la región, como son los peatones, ciclistas y motociclistas, que a su vez asegure la generación de indicadores para medir si las estrategias de seguridad vial que se apliquen están mejorando las condiciones de salud y equidad para ellos”.

También pidió profundizar el conocimiento sobre lesiones y muertes asociadas al uso de motocicleta y estudiar los factores sociales que influyen.

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), que depende de la Secretaría de Salud federal, reconoce que en México “no existen datos oficiales actualizados ni miden los factores de riesgo” y que “las políticas gubernamentales no consideran el desarrollo e investigación de la accidentalidad en motocicletas”.

En el Distrito Federal, con la reciente Ley de Movilidad, el gobierno capitalino debe elaborar auditorías de movilidad y seguridad vial, que analicen la infraestructura de movilidad e identifiquen las medidas necesarias a emprender.

La información reunida deberá ajustarse a los lineamientos técnicos que establezcan los reglamentos de la nueva legislación, los cuales deben elaborarse en el transcurso de lo que resta del año.