Enfoques

Exige ONU aclarar 26 mil desapariciones forzadas en México

La OACNUDH indicó que el informe que el gobierno de México presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas “deja mucho que desear”.
Fernando Ramírez de Aguilar L.
09 abril 2014 15:49 Última actualización 09 abril 2014 23:34
DESAPARICIONES FORZADAS  FABIÁN GARCÍA

La CNDH está examinando solamente dos mil 400 casos por desaparición forzada. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. Los organismos internacionales defensores de derechos humanos debemos mantener “una relación más severa y un diálogo más estricto” con las autoridades mexicanas que no han dado una debida respuesta a las denuncias por la desaparición forzada de 26 mil personas, sostuvo Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Al participar en el foro “Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la Agenda Legislativa del Congreso de la Unión” a que convocó la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, dijo que lamentablemente el informe que el gobierno de México presentó hace apenas unos cuántos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas “deja mucho que desear”, pues las investigaciones realizadas hasta ahora no han detenido y procesado a los responsables, ni tampoco se han esclarecido tantos casos de denuncias por desaparición forzada de personas.

En este foro, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y responsable del programa de desaparecidos, Luis García López Guerrero, que no todos los casos denunciados de personas desaparecidas o ausentes, hayan sido cometidos por servidores públicos.

Precisó que de los 26 mil casos que ha reconocido el gobierno mexicano, la CNDH solamente cuenta con dos mil 400 expedientes abiertos por desaparición forzada de personas.

En este evento, también habló Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité Sobre Desapariciones Forzadas de la ONU quien comentó que el delito de desaparición forzada no prescribe tal y como lo han establecido todos los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y consideró que las definiciones sobre este tipo de delitos deben ser incluidas en la iniciativa de ley que se está dictaminando en el propio Senado de la República.

De acuerdo a lo manifestado por la senadora Lucero Saldaña Pérez, secretaria de la comisión de Derechos Humanos, esta nueva ley pudiera aprobarse hasta septiembre próximo, en virtud de que la agenda establecida en la Cámara alta está saturada.

Por lo pronto, en el foro, se dijo que en México se denunció la desaparición de más de 26 mil personas entre 2006 y 2012, en muchos casos a manos de las fuerzas de seguridad o de bandas criminales.

La ausencia casi total de investigación en la mayoría de los casos impide que salga a la luz el verdadero número de desapariciones forzadas, en las que hay funcionarios públicos implicados. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está examinando solamente 2 mil 400 casos pendientes de desaparición forzada.

Cifras actualizadas hasta diciembre de 2013, en el primer año del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, señalan un total de 169 cuerpos fueron rescatados de fosas descubiertas con base en denuncias anónimas, investigaciones o confesiones criminales.

Algunas fueron halladas en Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Es el caso de Jalisco, donde a última cuenta 67 cuerpos habían sido desenterrados por agentes ministeriales federales.

La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, incluido el amparo contra la recomendación que al respecto hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) provocó que las autoridades federales y estatales descubrieron 193 restos en 49 fosas clandestinas, y poco más del 80 por ciento no fueron identificados.

En el foro se dijo que la tendencia de grupos criminales a desaparecer personas ha disminuido en los últimos meses, pero a poco más de un año y cuatro meses del cambio de administración federal, este delito se mantiene.

Santiago Corcuera dijo que la legislación mexicana debe tomar en cuenta que el crimen organizado busca deshacerse de personas en fosas clandestinas, una táctica que no sólo equivale literalmente al borrado de un individuo, sino que en su peor expresión representa una herida permanente. Abre la peor duda: la ubicación final de cientos de víctimas.

En este evento, varias madres de familia, portaron pancartas y fotografías de sus familiares desaparecidos. No acudió, a pesar de que había confirmado su asistencia Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Apenas el pasado primero de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que prevalece la ineficiencia en las investigaciones sobre desapariciones forzadas en el país, y sólo se salva el caso de Coahuila donde asegura hay un avance importante en el tema.

Por ello dijo que insistirá en la investigación para que no se queden en el olvido las más 26 mil personas cuyo paradero se desconoce y dos mil 400 casos más, donde pudo darse la desaparición forzada las cuales atiende el organismo.