Empresas

Televisoras ya no pagarán por multiprogramación


 
Adrián Arias
 
La Cámara de Diputados eliminó el pago obligatorio que tendrían que hacer empresas como Televisa y TV Azteca para ofrecer la multiprogramación en sus canales digitales.
 
Analistas consultados consideran que este párrafo en la reforma de telecomunicaciones es ambiguo y podría generar una laguna legal que beneficie a las televisoras, pues consideran que estas empresas sí deben pagar una contraprestación y someterse a limitantes para explotar la multiprogramación.
 
En la reforma inicial que diseñó el Consejo Rector del Pacto por México, se establece que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones se encargará de regular la multiprogramación en los subcanales de televisión abierta con base en criterios de competencia y concentración de frecuencias, "incluyendo el pago de las contraprestaciones debidas".
 
Los expertos consultados opinan que con esta redacción se establecía como obligatorio el pago de una contraprestación económica que tendrían que cubrir las empresas. Por el contrario, en la redacción que aprobaron los diputados la semana pasada, se hicieron modificaciones a dicho párrafo para dejarlo así: "Incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas".
 
"Con esta última redacción se abre la puerta para que las televisoras se salven de pagar la contraprestación al Estado, es una redacción ambigua que puede generar lagunas legales si no se aterriza en la ley secundaria", explicó Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom Policy&Law. Recordó que las televisoras han manifestado en diversas ocasiones que Teléfonos de México (Telmex) debería pagar una contraprestación por obtener el permiso para ofrecer televisión de paga: "La misma regla se les debe imponer a las compañías de televisión abierta para el tema de la multiprogamación", destacó.
 
Explicó que al ofrecer la multiprogramación, las televisoras obtendrán mayores beneficios económicos derivados de la entrada de más ingresos publicitarios, por lo cual deberían estar obligadas a pagar una contraprestación adecuada al Estado.
 
Advirtió que también existe el riesgo de que se observe una nueva concentración en este mercado, pues al transitar a la tecnología digital, la oferta de canales de las televisoras se multiplicará por cuatro: "En la reforma se deben establecer candados para que las televisoras no puedan explotar todos los subcanales en que se dividirán sus frecuencias, ello implicaría una concentración mayor que la autoridad no puede permitir porque dejaría en desventaja a los nuevos competidores que entren en la licitación de televisión abierta", indicó.
 
Fernando Butler, experto de BHMC Consultores, explicó que en la ley reglamentaria que se aplicará para la reforma en telecomunicaciones, será necesario establecer que la contraprestación por concepto de multiprogramación deberá aplicarse para las empresas que registren ingresos "extraordinarios" en materia de publicidad, previo análisis del instituto, a fin de que las televisoras con menor poder económico puedan exentar el pago de una contraprestación, para no afectar la rentabilidad de los operadores pequeños.
 
De acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Televisa concentra 68% de los ingresos por publicidad y TV Azteca 31%, en un mercado de alrededor de 57,000 millones de pesos anuales.
 
En materia de audiencia, ambas compañías concentran en conjunto a 96% de los televidentes.
 
Valor de espectro
 
En la redacción que avalaron los legisladores se añade un párrafo al artículo 28 constitucional, en donde detalla que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones fijará el monto de las contraprestaciones para el otorgamiento de las concesiones con previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 
"Es una medida que pudiera representar un riesgo porque la SHCP no tiene el mismo conocimiento que el organismo regulador sobre el valor del espectro", aseveró Butler. Indicó que este elemento también se deberá corregir en la ley reglamentaria para garantizar que el factor económico no deberá ser preponderante al momento de otorgar las concesiones, sino los alcances y beneficios sociales que se deriven de la explotación de estas concesiones.
 
Con información de El Financiero Diario.
 

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