Rivada Networks y su CEO, Declan Ganley, anunciaron que pese a que afrontarán la demanda interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Estados Unidos, mantendrán las distintas acciones legales emprendidas en contra de la dependencia federal y de ALTÁN, el consorcio ganador del concurso de la Red Compartida lo que, según expertos, le traería consecuencias económicas como el pago por daños por afectaciones al proceso.
Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones, comentó que lo cuestionable ante esta situación es si Rivada cuenta con la liquidez para desembolsar el monto que en dado caso podría imponer un juez.
Lo anterior, considerando el incumplimiento del pago de garantía de seriedad por parte de la compañía para concursar por el proyecto.
"El juez podría determinar el pago de una fianza o incluso de un depósito en efectivo, el problema es que la ley habla de un 10 y 30 por ciento del negocio. Entonces, ¿cuál podría ser el criterio?, podrían ser los mil millones de la garantía de seriedad o el total de inversión de la contraparte, según lo que determine el juez.", apuntó.
En tanto, el consorcio del que Axtel y Megacable forman parte reveló recientemente que hará valer sus derechos ante los tribunales competentes, al considerar que las afirmaciones hechas en su contra 'carecen de sustento, son radicalmente injustas y pretenden retrasar y, eventualmente, impedir el desarrollo eficiente de la Red Compartida'.
Recientemente Mónica Aspe, subsecretaria de la SCT, confirmó en entrevista radiofónica que el juzgado correspondiente rechazó la suspensión de la firma del contrato de Asociación Público – Privada para que el consorcio ganador eche a andar el proyecto, por lo que la firma se celebrará en enero de 2017.
Sandra Rodríguez, directora general del portal telecom de Jentel, señaló al respecto que si el tribunal ya aceptó el amparo de Rivada, a pesar de la amenaza de las demandas en su contra y siempre que presente las pruebas certificadas, puede darse lugar a un recurso de revisión del procedimiento.
"Sin embargo, en el camino Rivada puede mostrar inconsistencias en sus argumentos y eventualmente, ser desechado. Hay un principio de derecho básico: el que acusa, prueba; entonces, deben fundamentar las acusaciones que están presentando", puntualizó.
Al aceptar la demanda de la SCT, Rivada argumentó que una demanda por difamación por parte de un gobierno 'genera la percepción de censura e inhibe la inversión privada en proyectos públicos'.
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