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SCT descarta irregularidades en reparto de teles

The Wall Street Journal acusó que funcionarios de la SCT involucrados en el desarrollo del programa pudieron recibir entre 12 y 18 dólares por unidad entregada, situación que fue negada por Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia.
Redacción
29 septiembre 2016 16:11 Última actualización 29 septiembre 2016 17:5
Apagón analógico

El secretario Ruiz Esparza hizo un recorrido por el centro de distribución del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en Acapulco Guerrero, en donde señaló que la inversión total de este programa es de 25 mil millones de pesos. (Cortesía SCT)

Tras el señalamiento de que el programa de reparto de televisores de la SCT como parte de la Transición Digital Terrestre (TDT) estuvo plagado de corrupción, según un reportaje publicado ayer por The Wall Street Journal (WSJ), Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia, aseguró que en el proceso ‘no hubo funcionarios sobornados’.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el funcionario federal señaló que hace cuatro meses se le envió al diario estadounidense notas aclaratorias sobre el proceso, el cual, asegura, se desarrolló mediante una licitación internacional en la que participaron empresas nacionales.

“Ellos (WSJ) estaban esperando el momento para generar ruido. Tanto los participantes como el proceso fue en apegado a la transparencia, a pesar de que fue un proceso politizado”, comentó.

El reportaje firmado por Santiago Pérez refiere, sin precisar nombres, que funcionarios involucrados en el desarrollo del programa pudieron recibir entre 12 y 18 dólares por unidad entregada. Al respecto, Ruiz Esparza precisó que esa afirmación ‘es un error’ y si en caso de que hubiera un testimonio real, éste debe presentarse por la vía correspondiente.

“Si hay alguien que se haya ‘pasado de vivo’ tendrá una sanción inmediata, ya sea del órgano interno de control de la SCT, de la procuraduría o de lo que resulte; pero el reportaje presenta generalidades y no dicen nombres de quiénes”, agregó.

El texto de WSJ refiere que el gobierno federal descalificó a empresas como Samsung porque no cumplían con las especificaciones técnicas, según el resultado de la licitación.

En ese sentido, señaló que Samsung es una compañía que vende comercialmente y no en producción especial ni en línea, tal como se requería en las bases del proceso.

“Se quería generar empleo en México, y además, era parte del propósito que esta compra de televisiones que la fabricación fuera en el país”, subrayó.

Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho de Ouraboros, señaló al respecto que podría realizarse una auditoría a fin de evaluar a profundidad y por completo el proceso de adjudicación del contrato así como de la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, y si se determina que se favoreció a algún proveedor, entonces se podría determinar incluso el daño patrimonial.

Este daño, a decir del experto, repercutiría en el funcionario público responsable, que no solo implica su destitución sino también, la imputación de daño patrimonial al erario público y la consecuente obligación de cubrirlo.