La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quedó rebasada en sus tareas de defender los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, por lo que se debe de facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que se encargue de dichas labores, opinaron expertos.
Alejandro Calvillo, director general de El Poder del Consumidor, consideró importante dotar al IFT de las facultades y los recursos financieros para establecer la pluralidad en los medios de comunicación, aun cuando sean empresas comerciales, así como la defensa de los derechos de las audiencias.
Explicó que durante la segunda mitad del año pasado, Televisa, TV Azteca y Milenio TV se negaron a transmitir comerciales promovidos por dicha organización no gubernamental (ONG) en contra del consumo de bebidas carbonatadas.
Acciones de este tipo atentan contra el derecho que tienen las audiencias a la pluralidad y a la información imparcial, indicó.
A decir de Calvillo, es importante que en las declaraciones de preponderancia que ejercerá el IFT se explique de manera precisa, cuáles serán los beneficios de esas obligaciones hacia los usuarios.
Tanto Televisa como América Móvil podrían ser sujetos de regulaciones asimétricas en caso de que el IFT los determine agentes económicos preponderantes.
Calvillo mencionó que en estos días diversas ONGs buscan llegar a un acuerdo para fijar una postura en torno a las leyes secundarias de telecomunicaciones que se discutirán en el Congreso de la Unión.
"El IFT debe concentrar las facultades de protección al consumidor, ya nos dimos cuenta que la fórmula que tenemos ahora no funciona y a la Profeco no le alcanza", dijo Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel).
En opinión de Levy, es importante que en la legislación secundaria se elimine la "doble ventanilla" que hay con la procuraduría en este rubro.
Es importante, dijo, es legitimar al IFT para que pueda presentar acciones colectivas en contra de los malos servicios de los operadores.
PARA MUESTRA... UN BOTÓN
Un ejemplo de la falta de capacidades de la Profeco para proteger a los usuarios es la instrumentación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 184, dado que de un universo superior a 600 empresas registradas en el Buró Comercial de la Procuraduría, hasta sólo 25 firmas registraron su contrato de adhesión, a pesar de que la norma estableció la obligatoriedad desde 2012.
De acuerdo con datos de la Profeco, en la actualidad las empresas que han enviado sus contratos de adhesión al organismo son Axtel, Cablevisión, Dish, Nextel, Iusacell, Megacable, Telefónica, Telcel y Telmex, entre otras.
De acuerdo con expertos, la NOM 184 buscaba hacer más transparente la relación entre los operadores y los clientes de dichos servicios, dado que el sector de las telecomunicaciones es de los que mayores quejas acumulan.