AT&T y Telefónica, los principales competidores de Telcel, se dijeron 'decepcionados' por la resolución del IFT respecto a las tarifas de interconexión de los servicios móviles que regirán el siguiente año y que tendrán que pagar al Agente Económico Preponderante (AEP) por terminar llamadas y mensajes cortos en su red.
Los concesionarios deberán pagar a Telcel tarifas por llamadas, mensajes, originación de servicio y tránsito -tarifas de interconexión- de entre 0.003092 y hasta 0.028562 pesos a partir del primero de enero de 2018.
Al respecto, el operador de origen estadounidense reiteró que la decisión beneficia únicamente al AEP y afecta a los consumidores y los competidores.
"Hoy estamos decepcionados, ya que la nueva tarifa de interconexión es un paso atrás en el camino para cumplir el objetivo de las reformas.
En los últimos 3 años, la política de tarifa cero funcionó precisamente como previsto. Trajo mayor inversión, más y mejores servicios móviles, y precios dramáticamente más bajos para millones de consumidores mexicanos", detalló en la postura solicitada por El Financiero.
En ese sentido, apuntó que estudiará la decisión del IFT y su impacto, trabajando conjuntamente para hacer cumplir las reformas a fin de que puedan seguir impulsando mayor innovación y competencia en beneficio de los consumidores mexicanos.
Por su parte Telefónica México expuso que la resolución de la autoridad reguladora sobre las tarifas que cobrará Telcel supone 'serias consecuencias' para el sector de telecomunicaciones pues el efecto implica una transferencia de valor de las empresas de menor escala al preponderante sin beneficio alguno no sólo para la competencia, sino para los consumidores.
"Esta alteración de la política pública constituye un verdadero 'cambio de las reglas del juego' sobre las que las empresas del sector, como Telefónica, habíamos basado nuestras decisiones en los últimos años; decisiones como inversión, ofertas ilimitadas de voz, evolución tecnológica, mayor oferta de servicios y atención a clientes", subrayó el operador de origen español.
En ese sentido, la compañía considera que esta decisión del IFT pone en riesgo lo que se ha conseguido hasta el momento, lo que en su opinión, tendrá consecuencias relevantes en la competitividad, en las inversiones del sector y en el desarrollo de las comunicaciones en el país.
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