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América Móvil analiza medidas para proteger sus activos en Colombia

Debido al fallo del Gobierno de Colombia que determinó el valor de los activos de la compañía en ese país, la empresa del mexicano Carlos Slim está analizando a qué instancias puede recurrir, tanto locales como internacionales, para proteger sus bienes.
Itzel Castañares
26 julio 2017 20:12 Última actualización 26 julio 2017 21:18
América Móvil

América Móvil (Reuters)

América Móvil está evaluando el siguiente paso que dará luego de la resolución del laudo, es decir, del fallo que determinó el valor económico de los activos que la empresa opera en Colombia a través de su subsidiaria Comunicación Celular S.A (Comcel), luego de un arbitraje iniciado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de aquel país.

El laudo determina que América Móvil debería pagar 3.1 billones de pesos colombianos, equivalente a mil 028.9 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, en tanto que para Telefónica Movistar estableció un monto de 1.6 billones de pesos colombianos, que equivalen a 531 millones de dólares

La empresa controlada por Carlos Slim considera que este laudo no les es favorable, pues ello los obligaría a pagar por la operación de activos que no puede regresar al Estado, dadas las afectaciones que generaría en los usuarios. Por este motivo, América Móvil se encuentra analizando los medios legales que tenga a su alcance para definir a qué instancia recurrirá, explicaron fuentes de América Móvil explicaron a El Financiero.

“Aunque el laudo confirma el valor de los activos, ésta no es la última instancia. Además, aún no se define a qué instancia se va a recurrir, pues la empresa está analizando su estrategia jurídica y también está analizando opciones tanto locales como internacionales. Claro está estudiando el alcance que tiene el laudo y con base en ello, emprenderá acciones legales a nivel nacional o internacional que correspondan para su defensa”, expusieron las fuentes.

Las concesiones que el Estado colombiano otorgaba hace más de dos décadas -cuando el operador aún no aterrizaba en ese mercado- tenían una duración de 10 años, tras los cuales debía de venir una reversión de activos, es decir, retornar al Estado esos activos operados, en este caso operados por América Móvil, durante una década.

Al ser servicios de telecomunicaciones que incluyen espectro y despliegue de redes, el Estado evalúa las afectaciones a los usuarios y determina que el servicio que ofrece la empresa no puede suspenderse. Sin embargo, al no regresar esos activos, el Estado les asigna un valor y la empresa está obligada a pagar por seguir operando dichos activos.

Otra de las empresas que se han inconformado por el laudo es Telefónica Movistar, quien tampoco está de acuerdo con el valor económico que estableció Colombia para los activos que opera.

Agustín Ramírez, abogado experto en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, explicó que hay dos tipos de arbitraje. En este caso, el arbitraje amparado a la Convención de Washington, que implica que sea entre la empresa de telecomunicaciones y el ministerio colombiano, el cual tiene como finalidad proteger los intereses patrimoniales de inversión.

“No es el gobierno colombiano quien resuelve sino un tribunal arbitral que ambas partes eligieron, que no tiene jurisdicción en Colombia y si este laudo no fue favorable para América Móvil, significa que un juez colombiano es quien va a tener la responsabilidad de ejecutar el laudo y prácticamente la empresa la tiene perdida”, subrayó.

En opinión del experto, la empresa puede ‘echar mano’ de dos mecanismos: un recurso de nulidad o un recurso de ejecución. Ramírez estima que el gobierno colombiano solicitaría el recurso de ejecución mientras que América Móvil solicitaría la nulidad, un recurso con el que debe demostrar vicios en el proceso.

Cabe recordar que en agosto de 2016 la firma controlada por Carlos Slim inició un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (TLC México - Colombia), a efecto de que se le compense de las violaciones que acusa a este tratado y al derecho internacional.